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Deici Dávila Altamirano

Cerrar el congreso fujiaprista

Para que este congreso fujiaprista sea cerrado la mayoría de congresistas tendría que negar el voto de confianza a las medidas planteadas por el Ejecutivo

Deici Dávila Altamirano

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El presidente Martín Vizcarra acaba de plantear una cuestión de confianza atendiendo la indignación nacional frente a la actuación de la mayoría fujiaprista en el congreso, que impide aprobar los proyectos de reforma política y lucha contra la corrupción que fueron mayoritariamente respaldados en el referéndum de diciembre de 2018. La cuestión de confianza no es un golpe de Estado sino un mecanismo constitucional que se ampara en los artículos 133 y 134 de la Constitución. El planteamiento de Vizcarra permite retomar el discurso y practica en defensa de la lucha anticorrupción que quedó relegada desde que Salvador del Solar asumió el premierato.

Si bien los principales ex gobernantes (Toledo, Humala, Villarán y PPK) y líderes políticos (Keiko Fujimori) se encuentran investigados por la justicia y con restricciones a su libertad, los tentáculos de la corrupción seguirían enquistados en el congreso; de otra manera no se explica por qué los parlamentarios rechazan discutir la inmunidad parlamentaria convertida en impunidad, así como insisten en blindar al ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien formaría parte de los Cuellos Blancos del Puerto, una mafia conformada por jueces, fiscales, políticos y empresarios que se enquistó en las instituciones de justicia para usufructuarlas en favor de intereses personales.

Para que este congreso fujiaprista sea cerrado la mayoría de congresistas tendría que negar el voto de confianza a las medidas planteadas por el Ejecutivo. De darse este caso, Vizcarra podría cerrar el parlamento mediante decreto, el cual incluiría una convocatoria a nuevas elecciones legislativas dentro de los 4 meses posteriores a dicho cierre. Como no existe reelección congresal, al nuevo parlamento no podrían postular Mamanis, Bartras, Becerriles, Salgados, ni otros impresentables. Entre los partidos políticos que podrían obtener un número importante de curules en el nuevo congreso que se instalaría a fin de año estarían Acción Popular, Somos Perú e incluso Alianza para el Progreso.

Con esta decisión el país no ingresaría a una etapa de ingobernabilidad, pues la crisis política es generada principalmente por el congreso y los partidos manchados por la corrupción que pelean por sobrevivir. Los peruanos de a pie siguen trabajando para sacar adelante a sus familias y miran expectantes este lío en las alturas. Entre el cierre del congreso y la instalación del nuevo parlamento, el Ejecutivo gobernaría con decretos que serían revisados por la comisión permanente que seguiría funcionando. El nuevo parlamento tendría año y medio para legislar en favor de los intereses nacionales, siempre bajo el escrutinio público de los ciudadanos, pues nuestro voto no es un cheque en blanco.

Magíster en Sociología. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conductora del programa de radio Marrones TV. Especialista en gestión de políticas públicas para atender a poblaciones vulnerables. Investigadora. Autora de artículos sobre democracia, inseguridad ciudadana y violencia. Vecina de San Juan de Lurigancho.

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Deici Dávila Altamirano

Venezolanos: ¿xenofobia o gobierno?

Deici Dávila Altamirano

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A partir del 16 de junio de 2019, los ciudadanos venezolanos que quieran ingresar al Perú podrán hacerlo portando pasaporte y visa humanitaria, según la decisión tomada por el gobierno de Martín Vizcarra. Frente a esta decisión, han salido voces críticas señalando la “inhumanidad” de la medida mientras la gran mayoría de peruanos apoya esta decisión. Actualmente, habrían unos 800 mil venezolanos viviendo en diversas ciudades del país, lo cual está transformando los modos de vida de los peruanos.

El gobierno de PPK promovió el ingreso masivo de venezolanos al Perú dando facilidades y permisos temporales. A los venezolanos, se les pintó un país cercano al primer mundo para vivir cuando todavía somos una república tercermundista. Es innegable que Venezuela atraviesa una grave crisis cuyos principales responsables son el gobierno de Nicolás Maduro, por su mal manejo de la economía, y el gobierno de Trump (EE.UU), porque asfixia económicamente al país llanero. En medio de esta disputa, los ciudadanos venezolanos sufren y buscan mejores oportunidades de vida emigrando hacia Colombia y Perú, principalmente.

La presencia masiva de venezolanos viene generando malestar entre los peruanos. En una encuesta realizada en abril de 2019, el 67% de los limeños consideró negativa la inmigración de ciudadanos venezolanos al Perú frente a un 23% que la consideró positiva. El 54% de aquellos que critican la presencia de venezolanos lo hace porque con esta “aumentaría la delincuencia y las actividades delictivas” y un 46% porque “quitarían puestos de trabajo a los peruanos” (1). Recientemente, la ministra de Trabajo, Sylvia Cáceres, expresó que la presencia de venezolanos viene afectando el mercado laboral, pues los trabajadores peruanos están siendo desplazados e incluso discriminados frente a sus pares venezolanos (2).

¿Este malestar puede convertirse en xenofobia (“odio al extranjero”)? Es posible. Por ello es importante que el gobierno de Vizcarra, diferenciándose de PPK, tome medidas de control y orden ante la imparable inmigración de ciudadanos venezolanos, y atienda las preocupaciones de los peruanos sobre este fenómeno. No se trata de alentar la xenofobia o de ser “inhumanos”. Se trata de escuchar, atender y resolver un malestar de la mayoría de peruanos. En otras palabras, se trata de “gobernar”.

( 1) El Comercio: “El 67% de limeños no está de acuerdo con la inmigración venezolana al Perú”. 29.04.2019.
(2) América TV: “Ministra de Trabajo: Presencia de venezolanos afecta al mercado laboral”. 06.05.2019.

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Deici Dávila Altamirano

San Juan de Lurigancho, corrupción y botín electoral

Alex Gonzales, actual alcalde del distrito, ganó las elecciones con apenas el 15% de los votos el año pasado, lo cual no le aseguró ninguna estabilidad

Deici Dávila Altamirano

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El nombre de Carlos Burgos, ex alcalde de San Juan de Lurigancho y otrora aliado político de Alan García y Luis Castañeda Lossio, cobró nuevamente notoriedad porque el programa de recompensas del Ministerio del Interior decidió aumentar a 100 mil soles el monto que ofrece por información que permita su captura. Han pasado tres años desde que el ex alcalde fue condenado a 16 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y desde esa fecha se encuentra prófugo.

Burgos fue un alcalde que hizo de la fórmula “roba, pero hace obra” su sello personal en el distrito. Sin embargo, los escándalos de corrupción lograron sacarlo de la carrera política. Con la salida de Burgos, lamentablemente, no se acabaron los problemas en el manejo municipal. En octubre de 2018, el Ministerio Público abrió investigación a Juan Navarro, alcalde en funciones, a nueve regidores y 15 funcionarios ediles, al considerar que formarían parte de una organización dedicada a obtener ganancias ilícitas. Para la Fiscalía, durante la gestión de Navarro habría operado una organización dedicada a los delitos de extorsión, sicariato, usurpación, trata de personas, lavado de activos, colusión y corrupción de funcionarios. ¿Dónde está Juan Navarro? ¿Sigue en el país?

Alex Gonzales, actual alcalde del distrito, ganó las elecciones con apenas el 15% de los votos el año pasado, lo cual no le aseguró ninguna estabilidad a su gobierno. Para muestra un botón: hace unos días, Gonzales se salvó de ser suspendido de sus funciones debido a una denuncia ciudadana interpuesta ante el JNE. San Juan de Lurigancho es un botín electoral apetitoso que organizaciones como Podemos Perú, Alianza para el Progreso y el movimiento Chiroque Vuelve se empiezan a disputar en un escenario donde los partidos políticos ligados a las coimas de Odebrecht pueden desaparecer.

Alex Gonzales aparece cercano al ex alcalde de San Juan de Lurigancho Ricardo Chiroque (1999-2001), quien estuvo en prisión condenado por delitos de corrupción y firmas falsas. En el camino, Gonzales ha perdido el apoyo de sus regidores de Podemos Perú, incluso su teniente alcalde, Pedro Arias, lo ha denunciado públicamente por corrupción y estaría haciendo campaña con otro partido político. ¿Concluirá Gonzales su gestión municipal? ¿Se viene la revocatoria? El futuro político de San Juan de Lurigancho y de la gestión municipal se dibuja nuevamente como incógnita, ¿hasta cuándo, vecinos?

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Deici Dávila Altamirano

Línea Amarilla, una historia que no debe repetirse

Deici Dávila Altamirano

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Las declaraciones de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, confirmarían que, luego de la vuelta a la democracia en el año 2000, el tesoro público siguió al servicio de los intereses personales a través de coimas y sobre costos. Un caso lamentable sería la monumental obra Línea Amarilla, la cual fue concesionada en 2009 a la constructora brasileña OAS y recién fue inaugurada en 2018, casi 10 años después, ¿qué pasó aquí?

Según la Fiscalía, durante la gestión del ex alcalde Luis Castañeda Lossio se habrían emitido informes favorables para que el proyecto Línea Amarilla sea concesionado directamente a la constructora OAS por 30 años. Por este caso es investigado Castañeda y algunos ex funcionarios de su gestión. La Línea Amarilla quedó lista para su ejecución, pero durante la gestión de Susana Villarán en 2012 se realizaron un conjunto de modificaciones al proyecto inicial. Se cambió el nombre a Vía Parque Rímac y se firmó una adenda que amplió la concesión de la obra a favor de OAS por 10 años más. Para la Fiscalía la firma de esta adenda fue ilegal, por lo cual se viene investigando a Villarán y algunos ex funcionarios municipales.

Cuando Luis Castañeda volvió al sillón municipal en 2014, otra vez cambió el nombre del proyecto y se realizaron otras modificaciones que motivaron una serie de investigaciones. En 2016, la Procuraduría Anticorrupción denunció a Castañeda por presuntas irregularidades en los proyectos Línea Amarilla y el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio, con las cuales se habría favorecido a la empresa OAS. En agosto de 2017, la Fiscalía eleva a categoría de crimen organizado a la investigación sobre el contrato y ejecución de la Línea Amarilla, involucrando a tres gestiones municipales: dos de Castañeda y una de Villarán. 

En 2018, Castañeda inauguró la Línea Amarilla que va desde el trébol de Javier Prado hasta el Callao a pesar de las fallas y fisuras detectadas por la Contraloría y los altos costos del peaje. Para la Fiscalía, Castañeda y Villarán habrían recibido sobornos para manejar la construcción de la obra en favor de OAS. La Línea Amarilla iba a costar unos US$570 millones y finalmente habría costado US$ 703 millones de dólares, un sobre costo de US$ 133 millones, ¿qué les parece? Que la justicia haga su trabajo y castigue como corresponde a quienes resulten responsables.

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