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Deici Dávila Altamirano

Gamarra y el Mercado 10 de Canto Grande

Deici Dávila Altamirano

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¿En qué se parecen el emporio de Gamarra y el Mercado 10 de Canto Grande? El Mercado 10 de Canto Grande es en realidad un conjunto de mercados (ACIP, Valle Sagrado y Huáscar) asentados a la altura del paradero 10 de la avenida Canto Grande en San Juan de Lurigancho, el cual se extiende hasta el paradero 12 aproximadamente. Este gran mercado se asienta en una zona donde también se ubican la I.E. Francisco Bolognesi y el Hospital de Canto Grande. El Mercado 10 de Canto Grande es el mercado más grande y populoso del distrito – y de forma similar a Gamarra – ha sido invadido por el comercio ambulatorio, lo cual expresa las deficiencias del sistema económico para la generación de empleo formal.

San Juan de Lurigancho es un distrito que se constituyó por las olas migratorias de peruanos que llegaron a su territorio en la década de 1950 y 1980, convirtiendo sus quebradas en hogares para vivir. La migración expresó la expectativa por tener más oportunidades de acceso al trabajo, a la salud y a la educación. En la actualidad, el 30% del PEA de San Juan de Lurigancho la conforman trabajadores independientes, cuyas actividades principales son el comercio y los servicios. En los últimos años, en el distrito aumentó la formación de microempresas y negocios familiares, muchos de ellos informales y de sobrevivencia.

El crecimiento del comercio ambulatorio en los alrededores del Mercado 10 de Canto Grande ha generado un caos en la zona. Los sábados y domingos, por ejemplo, las calles del mercado son intransitables convirtiendo este lugar en una bomba de tiempo. Asimismo, unos dos mil comerciantes han invadido un terreno destinado para mejorar los servicios que brinda el Hospital de Canto Grande, cuyas deficiencias para atender a más de un millón de vecinos se sufren todos los días. En este terreno se instaló el mercado La Cachina del 12, gracias a que las autoridades corruptas legitimaron una invasión al otorgar permisos municipales para su funcionamiento.

Así como el alcalde Forsyth se ha empeñado en ordenar Gamarra, el alcalde Gonzales ha prometido instalar el principio de autoridad para ordenar el Mercado 10 de Canto Grande y recuperar el terreno destinado al hospital. Los comerciantes de La Cachina del 12 se han inscrito como una asociación, han construido sus puestos con calaminas y se resisten a abandonar el lugar. Las acciones que tome el municipio para ordenar la zona deben ir acompañadas de un plan de reubicación para que estos comerciantes sigan trabajando. Todos los luriganchinos tenemos derecho al trabajo, pero en condiciones mínimas de orden, convivencia y respeto entre los vecinos.

Magíster en Sociología. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conductora del programa de radio Marrones TV. Especialista en gestión de políticas públicas para atender a poblaciones vulnerables. Investigadora. Autora de artículos sobre democracia, inseguridad ciudadana y violencia. Vecina de San Juan de Lurigancho.

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Deici Dávila Altamirano

¿Se disolvió el 5 de abril?

Hoy la clase política estaría igual o más desprestigiada que en 1992

Deici Dávila Altamirano

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Este año, la conmemoración del 5 de abril de 1992 pasó casi desapercibida. Esta vez no hubo marchas, performances ni grandes debates alrededor de un hecho que le permitió a Alberto Fujimori y sus cómplices saquear al Estado, asesinar y destruir las precarias instituciones del país. Después de 27 años, la memoria sobre el autogolpe parece disolverse, a pesar de que Alberto y Keiko Fujimori se encuentran en prisión. Quiero planear aquí 2 explicaciones para entender esta amnesia sobre el autogolpe de Fujimori.

Hoy la clase política estaría igual o más desprestigiada que en 1992. El autogolpe del 5 de abril de 1992 le permitió a Fujimori disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial y perseguir a la oposición política. El amplio apoyo popular al cierre del Congreso apareció como el colofón de una historia de gobiernos que fracasaron para derrotar al senderismo y pacificar el país. Hoy, así como hace 27 años, los congresistas, políticos, jueces y fiscales generan desconfianza y aversión entre los peruanos, y una gran mayoría “desearía” que el presidente Martín Vizcarra cierre el Congreso e intervenga el Poder Judicial. Un golpe de Estado, a la luz de la mega corrupción que invade los principales poderes del Estado, el caos y la inseguridad ciudadana, aparece como justificable.

La democracia y la forma de gobierno están en crisis. Entre los peruanos existe una sensación de frustración respecto a la “promesa” de la democracia. Supuestamente, el triunfo de la democracia sobre la dictadura de Fujimori sentaría las bases de un nuevo orden social, donde mejorarían los sueldos, la educación, la salud y el trabajo; sin embargo, hoy solamente el 11% de peruanos se sienten satisfechos con democracia y la forma de gobierno (Latinobarómetro, 2018). Si bien la democracia institucionalizó las elecciones libres, la participación política y la libertad de expresión, en términos sociales, somos una sociedad de la sobrevivencia. ¿Es posible construir una democracia distinta? ¿Es posible recuperar una vida digna con derechos?

Seguramente, existen más factores por los cuales el 5 de abril de 1992 se estaría disolviendo en la memoria de los peruanos. Esta vez planteo sólo dos factores, pero el debate sigue abierto. Quizás, un elemento a explorar sería el agotamiento de una generación antifujimorista que más allá de marchas y campañas no ha logrado construir una alternativa política para derrotar la herencia de Fujimori.

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Deici Dávila Altamirano

SJL: donde proteger la vida cuesta 7 soles

SJL es el distrito que reporta el peor índice de criminalidad entre 50 distritos de Lima y Callao.

Deici Dávila Altamirano

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La inseguridad ciudadana y el miedo a caer en manos de la delincuencia son las principales preocupaciones de los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL). Esta situación empeora al observar que el Estado peruano apenas invierte 7.00 soles para protegernos. Según el Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2017 del Instituto de Defensa Legal (IDL), SJL solo contó con un presupuesto de S/6.63 (redondeando a S/7.00) por habitante para el rubro “reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana”. Con esta paupérrima inversión y sin la decisión política del gobierno para enfrentar el crimen y la delincuencia, proteger a un ciudadano que vive a sólo 30 minutos del Palacio de Gobierno resulta casi imposible.

SJL es el distrito que reporta el peor índice de criminalidad entre 50 distritos de Lima y Callao. En 2018, este índice fue construido por el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público a partir del análisis de variables como las muertes totales, los casos de sicariato, los feminicidios, el índice de victimización, la percepción de inseguridad y las denuncias recogidas por la fiscalía y comisarías en el distrito. Frente a esta realidad, ¿qué puede hacer el municipio?

La autoridad local electa tiene que recuperar el principio de autoridad y combatir la informalidad y el abandono en la que se encuentran las zonas más peligrosas del distrito. Hablamos de el paradero 10 y 12 de la Av. Canto Grande; los paraderos 2, 3, 5, 7 y 9 de UPIS Huáscar; los paradero 4, 5 y 7 de la Av. Wiesse; el paradero Los Jardines intersección con Av. Los Próceres de la Independencia e inmediaciones; la Av. Las Flores, el Malecón Checa, El Boulevard y Pasaje el Tumi en Zárate; los pasajes José Olaya y Santa Rosita en Caja de Agua; el paradero 12 de la Av. José Carlos Mariátegui; el Parque Hirohito en Bayóvar y el paradero Complejo; la Av. Circunvalación con Héroes del Cenepa e inmediaciones de los penales San Pedro y Castro Castro. Esta información se obtuvo del mapa del delito elaborado por las comisarías de SJL el año pasado. ¿Conoce el Alcalde Alex Gonzáles esta información?

En paralelo a la respuesta oficial, los vecinos se vienen organizando para enfrentar la delincuencia castigando a los infractores que son encontrados infraganti. Para bajar los niveles de inseguridad en los distritos, se debe incluir acciones como la recuperación de espacios públicos, un sistema de información integrado de datos, programas de prevención de la violencia y, por supuesto, una buena dosis de voluntad política. Ardua tarea la que tiene el Alcalde Gonzales por delante.

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Deici Dávila Altamirano

Peruanas, emprendedoras y empoderadas

Deici Dávila Altamirano

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Justa llegó a vivir a San Juan de Lurigancho hace 25 años, tras huir de su pueblo azotado por el terrorismo. En Lima, se dedicó a vender peluches en las calles de la avenida Abancay. Una enfermedad le impidió volver a su trabajo, por lo cual, sus hijos pidieron un préstamo en el banco y le construyeron un quiosco en su casa. La historia de Justa es la de millones de mujeres provincianas quienes, debido a la falta de empleo, inventan un negocio para subsistir y salir adelante.

Según un informe de GEM y ESAN (2018), que mide el índice del espíritu emprendedor de 54 países, el Perú es el quinto país más emprendedor en el mundo, pues el 43% de los peruanos estaría dispuesto a iniciar un negocio en los próximos tres años. Esta cifra evidencia las grietas del sistema económico peruano, el cual genera poco empleo y promueve la constitución de negocios familiares de subsistencia. Estos negocios generalmente no crean valor agregado, por ello tienen dificultades para crecer y permanecer en el mercado.

Frente al discurso fatalista y sin salida que explica la falta de empleo por la injusticia del “modelo neoliberal”, millones de peruanos ven en el discurso voluntarista de “esfuérzate” y “sigue adelante” el camino para enfrentar con heroísmo las limitaciones del sistema económico. ¿El camino hacia el desarrollo del país son los pequeños negocios? Seguramente que no, pero sin ellos el país se paralizaría. Con ese espíritu peruano de subsistencia incluso “contra el Estado” millones de familias enfrentan la vida con dignidad.

El crisol emprendedor tiene marca de mujer provinciana en el país. En el Perú, el 75% de los emprendimientos lo lideran las mujeres (INEI, 2018). En tanto, casi el 80% de los emprendimientos se encuentran en regiones como Puno, Piura, La Libertad, Cusco y Junín. Las actividades económicas con mayor presencia de mujeres que conducen un emprendimiento son el comercio (39.6%), agropecuario (27.1%), servicios (25.8%) y manufactura (7.5%) (INEI, 2018). La edad promedio de las emprendedoras es de 46 años, es decir, cuando en promedio, la mayoría de mujeres logró sacar a sus hijos adelante y tiene un mayor tiempo para emprender un negocio. Las mujeres provincianas, qué duda cabe, son históricamente bien organizadas, siendo este aspecto el principal factor del crecimiento de sus negocios.

La independencia económica es fundamental para promover la prevención de la violencia contra las mujeres. Por ello, resulta preocupante que solo existan tres programas del Estado que apoyan el emprendimiento femenino. Se necesitan más iniciativas para fortalecer los negocios de las peruanas, sobre todo para acceder a capital financiero y a los procesos innovadores que trae consigo el mundo globalizado.

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