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Deici Dávila Altamirano

La corrupción como herencia

Deici Dávila Altamirano

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Luciana León, ex congresista del APRA, ha sido expulsada de su partido luego que se revelaran sus graves vinculaciones con la organización criminal Los Intocables Ediles. El caso de Luciana León desnuda una situación bastante particular en la política peruana: la corrupción como herencia. Es decir, los hijos de políticos y ex funcionarios públicos (“élite política”) inmersos en escándalos de corrupción, que habrían “aprendido” las malas artes de los padres.

“El corrupto se forma gracias a conductas aprendidas o vistas desde muy pequeños en casa, las cuales son reforzadas por la falta de control de los padres”, señala el psiquiatra Guillermo Ladd del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado – Hideyo Noguchi. En ese sentido, por ejemplo, la joven política Luciana León, una vez elegida congresista, habría aprovechado su cargo público para realizar gestiones a favor de la Municipalidad de La Victoria, cuando la comuna era gobernada por Elías Cuba. Cuba, hoy preso por presuntamente liderar a Los Intocables Ediles, fue detenido junto a su hijo Eliseo Cuba, quien también formaría parte de dicha organización criminal. Recordemos que Luciana es hija de Rómulo León, ex ministro aprista, condenado por corrupción por el escándalo de los “Petroaudios”.

Keiko Fujimori es, quizás, el caso más emblemático de cómo la corrupción se hereda. Keiko, como heredera política del clan Fujimori, cumple prisión preventiva acusada de liderar una organización que “pitufeó” aportes ilegales a través del partido Fuerza Popular. Su hermano Kenji, otrora segundo heredero de los Fujimori, también se encuentra problemas con la justicia por el caso “Mamanivideos”, donde habría cometido el delito tráfico de influencias. Asimismo, tenemos otros casos como el de José Antonio Nava Mendiola, hijo del ex secretario de Alan García, Luis Nava Guibert, quien habría participado de los pagos ilícitos que hizo Odebrecht a su padre, hoy recluido en prisión. En una situación similar se encontraría Samir Atala Nemi, hijo de Miguel Atala, ex hombre de confianza de Alan García.

Los políticos corruptos y, por extensión, sus hijos habrían revivido el viejo concepto de patrimonialismo que brilló a inicios del siglo XX en el Perú. La dominación patrimonial se caracterizó por la privatización del poder estatal por las élites y los funcionarios públicos, estableciendo relaciones de poder clientelistas con los gobernados. Hoy estaríamos ante un “neo patrimonialismo”, una forma de colonización del Estado por intereses privados traducidos en graves hechos de corrupción, logrando incluso una conexión peligrosa con la criminalidad organizada. Por el bien de nuestro país, estas organizaciones mafiosas deben ser desbaratadas caiga quien caiga.

Magíster en Sociología. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conductora del programa de radio Marrones TV. Especialista en gestión de políticas públicas para atender a poblaciones vulnerables. Investigadora. Autora de artículos sobre democracia, inseguridad ciudadana y violencia. Vecina de San Juan de Lurigancho.

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Deici Dávila Altamirano

Castañeda y Villarán, un final

Deici Dávila Altamirano

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Los ex alcaldes de Lima Luis Castañeda y Susana Villarán llegaron al sillón municipal con perfiles políticos diametralmente opuestos: Castañeda se vendió como un gestor eficiente y Villarán como la “esperanza” frente a la corrupción. Aunque Castañeda fue elegido alcalde tres veces, su vida política ha tenido el mismo final que la de Villarán: cumpliendo prisión preventiva por el presunto ocultamiento de fondos ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS. ¿Será el fin de la corrupción en la comuna de Lima?

Luis Castañeda fue un alcalde popular a pesar que se hizo conocido como “El Mudo”, pues durante sus gestiones se caracterizó por no dar declaraciones sobre su trabajo y mucho menos sobre el sonado caso Comunicore, escándalo que estalló a fines del 2009 y se convirtió en uno de los principales casos de corrupción y lavado de activos que involucró su segunda gestión. Susana Villarán, en cambio, tuvo una gestión cuestionada desde sus primeros días de gobierno, que encontró su punto más álgido con el proceso de revocatoria que no logró sacarla del poder. A diferencia de su antecesor, la primera alcaldesa de Lima no gozó de popularidad entre los limeños.

Según la fiscalía, las ex autoridades ediles habrían recibido miles de dólares de las empresas brasileñas OAS y Odebrecht para financiar sus campañas a la Alcaldía de Lima. A cambio, durante sus periodos de gobierno, habrían direccionado concesiones y peajes en favor de estas empresas. Para ello, habrían conformado organizaciones criminales con participación de funcionarios y colaboradores cercanos. Así, por ejemplo, Castañeda y Villarán habrían recibido sobornos para manipular la construcción del proyecto Línea Amarilla favor de OAS. La Línea Amarilla iba a costar unos US$570 millones y finalmente habría costado US$ 703 millones de dólares, un sobre costo de US$ 133 millones, ¿qué les parece? 

La gestión de Jorge Muñoz ha heredado un conjunto de obras que fueron construidas a cambio de coimas, las cuales deberían ser auditadas y resueltas en beneficio de la ciudad. Un caso emblemático son los peajes que fueron negociados para favorecer a Castañeda y Villarán y que, por principio, deberían ser suspendidos como muestra de respeto a los limeños. Los peajes podrían pasar a manos de EMAPE y ser gestionados en favor del erario municipal. Los vecinos de Lima no deberían pagar por obras manchadas de corrupción, ¿estará Muñoz dispuesto a romper con esta herencia nefasta para la ciudad?

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Deici Dávila Altamirano

Urresti y Antauro, el voto radical

Deici Dávila Altamirano

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Los ex militares Daniel Urresti y Antauro Humala lograron aglutinar el voto radical del país en las elecciones legislativas de enero del 2020. Urresti cosechó el voto radical de Lima, el mismo que lo apoyó en las elecciones municipales del 2018 donde quedó cerca de obtener la Alcaldía de la ciudad capital. Por su parte, Antauro ha conseguido adueñarse del voto radical del sur del país, ese mismo que votó masivamente por su hermano Ollanta Humala en 2011 y luego por Verónika Mendoza en 2016. ¿Urresti y Antauro son una casualidad en nuestra vida política?

Los votos de Urresti y Antauro representan a un electorado que apuesta por medidas más verticales y radicales, sobre todo porque los políticos tradicionales los han decepcionado. El apoyo recibido por ambos candidatos en las recientes elecciones también puede leerse como un “voto de castigo” a los partidos que blindaron a los corruptos en el Congreso disuelto.

Urresti goza de alta popularidad en Lima a pesar de que el Poder Judicial ordenó un nuevo juicio en su contra por el asesinato del periodista Hugo Bustíos en 1988. El apoyo a Urresti responde a que encarna demandas como orden, seguridad y mano firme para enfrentar los álgidos problemas de Lima. Es un voto radical des-ideologizado. El voto de Antauro, en cambio, recoge el descontento de sus electores del sur del país con un mayor nivel de radicalización. El voto radical del sur ha sido bastión histórico de la izquierda, sin embargo, en esta elección se habría inclinado por Antauro debido a la decepción del electorado con las agrupaciones de izquierda tras sus constantes divisiones, falta de contundencia y vinculaciones con algunos personajes cuestionados.

El sociólogo Sinesio López señala que el voto radical del sur, especialmente del sur andino, es clave porque su apoyo a un determinado candidato decide generalmente su pase a la segunda vuelta. A puertas de las elecciones del 2021, algunas fuerzas políticas empiezan a mirar con interés al voto radical. Incluso, hay quienes piensan que Antauro es un “preso político” y que “no es corrupto”. En el caso de Urresti, se centran en valorar sus continuas “pechadas” al fujiaprismo en las redes sociales. Urresti y Antauro no forman parte de “algo nuevo”, son la expresión política de un sector social cansado de titubeos y medias verdades para enfrentar los males que afectan a los peruanos hace décadas.

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Deici Dávila Altamirano

Vizcarra, el triunfador de las elecciones de enero

Deici Dávila Altamirano

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Los resultados de la ONPE a más del 99% de actas procesadas confirman que serían nueve fuerzas políticas las que conformarán el nuevo Congreso, luego de las elecciones del 26 de enero del 2020. Se trata de Acción Popular, Frepap, Podemos Perú, Alianza para el Progreso, Partido Morado, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Frente Amplio y Somos Perú. El electorado peruano determinó que ninguna fuerza política obtenga la mayoría absoluta del Congreso, aprendiendo, quizás, de la mala experiencia dejada por Fuerza Popular. De esta manera, se obliga a las fuerzas políticas a dialogar y legislar en favor de tareas urgentes como la reforma política y lucha contra la corrupción. Pero, sin lugar a dudas, el triunfador de la contienda electoral ha sido el presidente Martín Vizcarra.

Vizcarra sale fortalecido de las elecciones del 26 de enero porque más del 80% de electores participaron de la justa electoral y votaron por alguna alternativa política mientras que, menos del 20%, optó por anular o viciar su voto. De esta forma, la decisión del presidente de disolver el Congreso se legitimó en las urnas, un nuevo triunfo político luego que el TC calificara la disolución del Parlamento como un acto constitucional. Fuerza Popular sale duramente golpeada de las elecciones al obtener menos de 8% de apoyo electoral, con lo cual obtendrían menos de 15 curules. Los satélites del fujimorismo, el APRA y Solidaridad Nacional, fueron castigados por los electores, quedando entre los partidos menos votados, y no tendrán presencia en el nuevo Congreso.

El sociólogo Alberto Adrianzén afirma que Vizcarra tendría difícil la elaboración de una agenda con el nuevo Congreso por su dispersión o fragmentación política. Por el contrario, dicha fragmentación no le otorgaría poder suficiente a ninguna bancada para enfrentar al presidente. Asimismo, la opinión pública no vería con buenos ojos que, apenas iniciadas sus labores, los congresistas no se avoquen a la reforma política, incumpliendo sus promesas electorales. Si bien Vizcarra no tendría una bancada oficialista que lo respalde, el presidente ha demostrado que no la necesita para gobernar.

El desastre político y electoral de Fuerza Popular se confirma con la nueva prisión preventiva por 15 meses dictada por el juez Víctor Zúñiga contra Keiko Fujimori. De esta manera, el “fujiaprismo” – el principal enemigo de Vizcarra – se ve seriamente diezmado en sus fuerzas para seguir teniendo el rol obstruccionista y de blindaje a la corrupción que lo caracterizó anteriormente. Esperemos que las fuerzas políticas que han llegado esta vez al Parlamento asuman su rol, y coadyuven a diseñar un mejor escenario político hacia el Bicentenario.

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