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Deici Dávila Altamirano

Línea Amarilla, una historia que no debe repetirse

Deici Dávila Altamirano

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Las declaraciones de Jorge Barata, ex superintendente de Odebrecht en el Perú, confirmarían que, luego de la vuelta a la democracia en el año 2000, el tesoro público siguió al servicio de los intereses personales a través de coimas y sobre costos. Un caso lamentable sería la monumental obra Línea Amarilla, la cual fue concesionada en 2009 a la constructora brasileña OAS y recién fue inaugurada en 2018, casi 10 años después, ¿qué pasó aquí?

Según la Fiscalía, durante la gestión del ex alcalde Luis Castañeda Lossio se habrían emitido informes favorables para que el proyecto Línea Amarilla sea concesionado directamente a la constructora OAS por 30 años. Por este caso es investigado Castañeda y algunos ex funcionarios de su gestión. La Línea Amarilla quedó lista para su ejecución, pero durante la gestión de Susana Villarán en 2012 se realizaron un conjunto de modificaciones al proyecto inicial. Se cambió el nombre a Vía Parque Rímac y se firmó una adenda que amplió la concesión de la obra a favor de OAS por 10 años más. Para la Fiscalía la firma de esta adenda fue ilegal, por lo cual se viene investigando a Villarán y algunos ex funcionarios municipales.

Cuando Luis Castañeda volvió al sillón municipal en 2014, otra vez cambió el nombre del proyecto y se realizaron otras modificaciones que motivaron una serie de investigaciones. En 2016, la Procuraduría Anticorrupción denunció a Castañeda por presuntas irregularidades en los proyectos Línea Amarilla y el ‘by-pass’ de la avenida 28 de Julio, con las cuales se habría favorecido a la empresa OAS. En agosto de 2017, la Fiscalía eleva a categoría de crimen organizado a la investigación sobre el contrato y ejecución de la Línea Amarilla, involucrando a tres gestiones municipales: dos de Castañeda y una de Villarán. 

En 2018, Castañeda inauguró la Línea Amarilla que va desde el trébol de Javier Prado hasta el Callao a pesar de las fallas y fisuras detectadas por la Contraloría y los altos costos del peaje. Para la Fiscalía, Castañeda y Villarán habrían recibido sobornos para manejar la construcción de la obra en favor de OAS. La Línea Amarilla iba a costar unos US$570 millones y finalmente habría costado US$ 703 millones de dólares, un sobre costo de US$ 133 millones, ¿qué les parece? Que la justicia haga su trabajo y castigue como corresponde a quienes resulten responsables.

Magíster en Sociología. Licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Conductora del programa de radio Marrones TV. Especialista en gestión de políticas públicas para atender a poblaciones vulnerables. Investigadora. Autora de artículos sobre democracia, inseguridad ciudadana y violencia. Vecina de San Juan de Lurigancho.

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Deici Dávila Altamirano

San Juan de Lurigancho, corrupción y botín electoral

Alex Gonzales, actual alcalde del distrito, ganó las elecciones con apenas el 15% de los votos el año pasado, lo cual no le aseguró ninguna estabilidad

Deici Dávila Altamirano

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El nombre de Carlos Burgos, ex alcalde de San Juan de Lurigancho y otrora aliado político de Alan García y Luis Castañeda Lossio, cobró nuevamente notoriedad porque el programa de recompensas del Ministerio del Interior decidió aumentar a 100 mil soles el monto que ofrece por información que permita su captura. Han pasado tres años desde que el ex alcalde fue condenado a 16 años de prisión por el delito de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y desde esa fecha se encuentra prófugo.

Burgos fue un alcalde que hizo de la fórmula “roba, pero hace obra” su sello personal en el distrito. Sin embargo, los escándalos de corrupción lograron sacarlo de la carrera política. Con la salida de Burgos, lamentablemente, no se acabaron los problemas en el manejo municipal. En octubre de 2018, el Ministerio Público abrió investigación a Juan Navarro, alcalde en funciones, a nueve regidores y 15 funcionarios ediles, al considerar que formarían parte de una organización dedicada a obtener ganancias ilícitas. Para la Fiscalía, durante la gestión de Navarro habría operado una organización dedicada a los delitos de extorsión, sicariato, usurpación, trata de personas, lavado de activos, colusión y corrupción de funcionarios. ¿Dónde está Juan Navarro? ¿Sigue en el país?

Alex Gonzales, actual alcalde del distrito, ganó las elecciones con apenas el 15% de los votos el año pasado, lo cual no le aseguró ninguna estabilidad a su gobierno. Para muestra un botón: hace unos días, Gonzales se salvó de ser suspendido de sus funciones debido a una denuncia ciudadana interpuesta ante el JNE. San Juan de Lurigancho es un botín electoral apetitoso que organizaciones como Podemos Perú, Alianza para el Progreso y el movimiento Chiroque Vuelve se empiezan a disputar en un escenario donde los partidos políticos ligados a las coimas de Odebrecht pueden desaparecer.

Alex Gonzales aparece cercano al ex alcalde de San Juan de Lurigancho Ricardo Chiroque (1999-2001), quien estuvo en prisión condenado por delitos de corrupción y firmas falsas. En el camino, Gonzales ha perdido el apoyo de sus regidores de Podemos Perú, incluso su teniente alcalde, Pedro Arias, lo ha denunciado públicamente por corrupción y estaría haciendo campaña con otro partido político. ¿Concluirá Gonzales su gestión municipal? ¿Se viene la revocatoria? El futuro político de San Juan de Lurigancho y de la gestión municipal se dibuja nuevamente como incógnita, ¿hasta cuándo, vecinos?

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Deici Dávila Altamirano

¿Se disolvió el 5 de abril?

Hoy la clase política estaría igual o más desprestigiada que en 1992

Deici Dávila Altamirano

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Este año, la conmemoración del 5 de abril de 1992 pasó casi desapercibida. Esta vez no hubo marchas, performances ni grandes debates alrededor de un hecho que le permitió a Alberto Fujimori y sus cómplices saquear al Estado, asesinar y destruir las precarias instituciones del país. Después de 27 años, la memoria sobre el autogolpe parece disolverse, a pesar de que Alberto y Keiko Fujimori se encuentran en prisión. Quiero planear aquí 2 explicaciones para entender esta amnesia sobre el autogolpe de Fujimori.

Hoy la clase política estaría igual o más desprestigiada que en 1992. El autogolpe del 5 de abril de 1992 le permitió a Fujimori disolver el Congreso, intervenir el Poder Judicial y perseguir a la oposición política. El amplio apoyo popular al cierre del Congreso apareció como el colofón de una historia de gobiernos que fracasaron para derrotar al senderismo y pacificar el país. Hoy, así como hace 27 años, los congresistas, políticos, jueces y fiscales generan desconfianza y aversión entre los peruanos, y una gran mayoría “desearía” que el presidente Martín Vizcarra cierre el Congreso e intervenga el Poder Judicial. Un golpe de Estado, a la luz de la mega corrupción que invade los principales poderes del Estado, el caos y la inseguridad ciudadana, aparece como justificable.

La democracia y la forma de gobierno están en crisis. Entre los peruanos existe una sensación de frustración respecto a la “promesa” de la democracia. Supuestamente, el triunfo de la democracia sobre la dictadura de Fujimori sentaría las bases de un nuevo orden social, donde mejorarían los sueldos, la educación, la salud y el trabajo; sin embargo, hoy solamente el 11% de peruanos se sienten satisfechos con democracia y la forma de gobierno (Latinobarómetro, 2018). Si bien la democracia institucionalizó las elecciones libres, la participación política y la libertad de expresión, en términos sociales, somos una sociedad de la sobrevivencia. ¿Es posible construir una democracia distinta? ¿Es posible recuperar una vida digna con derechos?

Seguramente, existen más factores por los cuales el 5 de abril de 1992 se estaría disolviendo en la memoria de los peruanos. Esta vez planteo sólo dos factores, pero el debate sigue abierto. Quizás, un elemento a explorar sería el agotamiento de una generación antifujimorista que más allá de marchas y campañas no ha logrado construir una alternativa política para derrotar la herencia de Fujimori.

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Deici Dávila Altamirano

SJL: donde proteger la vida cuesta 7 soles

SJL es el distrito que reporta el peor índice de criminalidad entre 50 distritos de Lima y Callao.

Deici Dávila Altamirano

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La inseguridad ciudadana y el miedo a caer en manos de la delincuencia son las principales preocupaciones de los vecinos de San Juan de Lurigancho (SJL). Esta situación empeora al observar que el Estado peruano apenas invierte 7.00 soles para protegernos. Según el Informe Anual de Seguridad Ciudadana 2017 del Instituto de Defensa Legal (IDL), SJL solo contó con un presupuesto de S/6.63 (redondeando a S/7.00) por habitante para el rubro “reducción de delitos y faltas que afectan a la seguridad ciudadana”. Con esta paupérrima inversión y sin la decisión política del gobierno para enfrentar el crimen y la delincuencia, proteger a un ciudadano que vive a sólo 30 minutos del Palacio de Gobierno resulta casi imposible.

SJL es el distrito que reporta el peor índice de criminalidad entre 50 distritos de Lima y Callao. En 2018, este índice fue construido por el Observatorio de la Criminalidad del Ministerio Público a partir del análisis de variables como las muertes totales, los casos de sicariato, los feminicidios, el índice de victimización, la percepción de inseguridad y las denuncias recogidas por la fiscalía y comisarías en el distrito. Frente a esta realidad, ¿qué puede hacer el municipio?

La autoridad local electa tiene que recuperar el principio de autoridad y combatir la informalidad y el abandono en la que se encuentran las zonas más peligrosas del distrito. Hablamos de el paradero 10 y 12 de la Av. Canto Grande; los paraderos 2, 3, 5, 7 y 9 de UPIS Huáscar; los paradero 4, 5 y 7 de la Av. Wiesse; el paradero Los Jardines intersección con Av. Los Próceres de la Independencia e inmediaciones; la Av. Las Flores, el Malecón Checa, El Boulevard y Pasaje el Tumi en Zárate; los pasajes José Olaya y Santa Rosita en Caja de Agua; el paradero 12 de la Av. José Carlos Mariátegui; el Parque Hirohito en Bayóvar y el paradero Complejo; la Av. Circunvalación con Héroes del Cenepa e inmediaciones de los penales San Pedro y Castro Castro. Esta información se obtuvo del mapa del delito elaborado por las comisarías de SJL el año pasado. ¿Conoce el Alcalde Alex Gonzáles esta información?

En paralelo a la respuesta oficial, los vecinos se vienen organizando para enfrentar la delincuencia castigando a los infractores que son encontrados infraganti. Para bajar los niveles de inseguridad en los distritos, se debe incluir acciones como la recuperación de espacios públicos, un sistema de información integrado de datos, programas de prevención de la violencia y, por supuesto, una buena dosis de voluntad política. Ardua tarea la que tiene el Alcalde Gonzales por delante.

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