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Descentralización, ¿qué hacer para avanzar?

El Perú desde su fundación, se constituyó como una república unitaria. Sin embargo, el centralismo de la cultura política precolombina y del virreinato, se impuso y pervivió en la república, convirtiéndose en un freno a la democracia y el desarrollo.
 
La Constitución de 1993, afirma la descentralización como una forma de organización democrática; declara que constituye una política permanente del Estado, de carácter obligatorio, que tiene como objetivo el desarrollo integral del Perú que es una república democrática, social, independiente y soberana, cuyo Estado es uno e indivisible y su gobierno es unitario, representativo  descentralizado. Se define que el proceso de descentralización se realiza por etapas, en forma progresiva y ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales.
 
Contrariamente a lo declarado por la Constitución vigente, hasta el año 2000, se hipercentralizó todo en el Gobierno Central, despojando a las municipalidades sus competencias. Los departamentos fueron gobernados por los CTAR designados por el Poder Ejecutivo. El Gobierno de Alejandro Toledo (2001) propone como política fundamental avanzar en la descentralización y con este fin convoca a elecciones para elegir a los Gobiernos Regionales (departamentos), se aprueban leyes específicas y se avanza en la descentralización, que en un Estado unitario implica la transferencia de poder (capacidad de decisión y recursos) a los Gobiernos Locales y Regionales. Durante el gobierno de Alan García, pese a un estilo centralista, la descentralización continuó como política de Estado.
 
Es el momento, de hacer un balance pues se ha ideo de un extremo a otro: del hipercentralismo a una feudalización de la política en la que los caciques locales y regionales gobiernan enfrentados al gobierno nacional y/o a sus vecinos, oponiéndose a proyectos complementarios, al uso común del agua, a una política común en las cuencas, entre otros temas. El punto culminante ha sido el conflicto alrededor de la minera Conga, en una huelga general encabezada por el presidente regional de Cajamarca en contra del Gobierno Nacional. El Estado contra el Estado.
 
Durante una década se ha fortalecido una tendencia centrífuga por la cual un importante número de alcaldes provinciales y distritales, así como presidentes regionales, han impulsado políticas localistas que han chocado con los intereses de los ciudadanos, con los gobiernos vecinos y con el interés nacional. Existe una distribución injusta del canon que beneficia a las regiones y localidades en desmedro otras como si los recursos naturales no fueran de todos, contrariando el carácter unitario del país. Hay una suerte de federalización fáctica, autoritaria y poco democrática.
 
Durante una década, se ha puesto de manifiesto la ausencia de políticas nacionales o, cuando han existido, no han tenido carácter vinculante en las localidades y las regiones. Así, las inversiones en de los gobiernos locales no son parte de las prioridades nacionales y los recursos se han destinado a obras y/o servicios lejanos a éstas.
 
El Estado peruano carece de un fuerte y eficiente organismo especializado en la capacitación de los funcionarios públicos. El BID (2003 y 2006) ha informado que el Servicio Civil del Perú es uno de los más débiles de la Región. Se gasta 100 millones de dólares al año en capacitación pero sin resultados importantes. No existe la carrera administrativa municipal ni regional, de tal forma que cada cuatro años, con el cambio de gobierno, se retira masivamente a los funcionarios, volviéndose a fojas cero, perdiéndose un año completo en la recomposición del personal, el desarrollo de planes. Además, dado el desorden, se pierden documentación clave, no se continúan los planes y proyectos del gobierno anterior por diversas causas.
 
El muy bajo nivel de los funcionarios de Estado y de las autoridades, se expresa en faltas de planes estratégicos, la aprobación de obras insustanciales, que no contribuyen al desarrollo local ni regional. El monumento al árbitro, a la Maca, al camarón, al sombrero o la construcción de piscinas en lugares en donde no hay servicio de agua y desagüe para el 85% de la población; la construcción de plazas de toros, coliseos de gallos, estadios de fútbol no proporcionales a la población mientras más del 50 % de los niños del sector rural padecen desnutrición crónica. Mientras tanto, miles de millones de soles duerman en los bancos mientras los ciudadanos reclaman obras. Se acusa al SNIP de ser una traba pero, si éste no existiera, la extensión de la pésima inversión de los recursos, sería aún mayor.
 
En la mayoría de gobiernos regionales y locales se ha perdido la orientación y las autoridades actúan de acuerdo a su capacidad pues los partidos son muy débiles y no controlan ni fiscalizan. A todo ello, hay que sumarle la corrupción que se ha convertido en parte de la cultura política.
 
El panorama de la descentralización no es optimista. Se requiere, por ende, una reforma de la descentralización.  Hay dos caminos: recentralizar, es decir, dar marcha atrás en la descentralización o continuar la descentralización realizando cambios inmediatos.  
 
¿Cuáles son los cambios que la descentralización exige?
 
Crear la carrera pública municipal y regional, por la cual a través de la meritocracia, exámenes, experiencia y capacidades con el fin de contar con funcionarios de Estado de alta calidad. Es decir, modernizar el Servicio Civil.
 
Establecer políticas nacionales de carácter vinculante, con una Agenda Nacional Concertada, para que los Gobiernos Regionales y las municipalidades del país, inviertan los recursos obligatoriamente,  en los asuntos de prioridad nacional: educación, salud y nutrición, saneamiento (agua y desagüe), infraestructura vial, entre otros.
 
Gobiernos Regionales y Locales competitivos, que obtengan y administren los recursos por resultados, combinándolos por necesidades sociales: los gobiernos que alcancen mejores resultados, si saben invertir los recursos eficiente y eficazmente, contarán con más presupuesto, mayores recursos.
 
Descentralización fiscal y económica. Políticas fiscales que mejoren la recaudación. Apoyo real a la elaboración del catastro en todo el país, saneamiento físico-legal, formalización de la propiedad, entre otros. Poner punto final a la discrecionalidad en la transferencia y el uso de  recursos a fin de  fortalecer la competitividad y la gestión por resultados.
 
Desconcentración del SNIP con el fin de que funcione en cada uno de los departamentos del país a fin de que asesore, capacite y supervise la formulación de proyectos de inversión.
 
Impulso a la inversión privada. Los gobiernos regionales y locales tienen la obligación de promover y facilitar la inversión privada con el fin de promover el desarrollo y crear empleo.
 
Control y fiscalización nacional y local de la administración de los recursos para que disminuya radicalmente la corrupción enraizada. De la misma forma que en los gobiernos regionales se debe proceder a la separación de poderes en las municipalidades, de tal forma que el alcalde encabece la administración edil y un regidor elegido por sus pares presida  el Concejo.
 
Plan nacional de capacitación y fortalecimiento de capacidades que evite los graves problemas administrativos: lentitud, repetición de procesos, mal uso de los recursos, pérdida de tiempo, corrupción, etc., por el bajo nivel del personal administrativo y técnico.
 
Reforma de la Ley Orgánica de Municipalidades que apruebe una nueva tipología municipal tanto en las ciudades como en el sector rural, que redefina competencias y funciones de acuerdo a las necesidades estratégicas del país para avanzar al desarrollo.
 
Integración de Regiones, fortalecimiento de las mancomunidades y resolución de conflictos de demarcación. Fortalecimiento de Mancomunidades Regionales y Locales, con enfoque de cuencas, corredores económicos y articulación transversal. Objetivo: mejor organización del territorio y uso inteligente de recursos que potencie su uso y preserve el medio ambiente.
 
La descentralización no es un fin en sí mismo. Es un medio para el desarrollo del país, avanzar en superar la pobreza y construir un país integrado, justo, armonioso en el que los peruanos emprendan el progreso en libertad y con igualdad de oportunidades.

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