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La Ley N° 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, fue promulgada el 18 de abril de 1994, durante la dictadura de Alberto Fujimori-Vladimiro Montesinos. Desde entonces, hasta la fecha, ninguna fuerza política de izquierda promovió su derogatoria. Todo lo contrario, se sostuvo que era antidemocrática porque no alcanzaba a los congresistas y al propio presidente de la república. Se sostuvo, por ende, que se debía modificar esta ley para profundizar la democracia. Los que argumentan hoy contra la ley, debieron haberlo hecho antes. No ahora cuando los procesos revocatorios avanzan.

 

Para vacar a una autoridad se solicita la revocatoria ante la oficina de procesos electorales. La solicitud de revocatoria  debe ser fundamentada y no necesita ser probada. Se requiere comprar el kit revocatorio, contar con el 25% de firmas de los ciudadanos de la localidad o región, siendo el máximo 400 mil firmas que se aplica a Lima. Si se consiguieran las firmas, el JNE convoca a consulta electoral dentro de los 90 días siguientes de la solicitud formal.  La revocatoria se produce con la mitad más uno de los electores. No dice de los que se presenten a votar sino de los electores. Según la ley, únicamente si se confirmase la Revocatoria de más de un tercio de los miembros del Concejo Municipal, se convoca a nuevas elecciones que serán reemplazados mientras se elija a las nuevas autoridades por los accesitarios. La autoridad revocada no está impedida de volver a postular para el mismo cargo en las siguientes elecciones.

 

La práctica de los procesos de revocatoria en el país demuestra que son activos promotores de la revocatoria los que perdieron las elecciones; los que buscan vengarse de una derrota electoral;  los extremistas que buscan desestabilizar el sistema democrático y, también, los ciudadanos descontentos por un gobierno regional o local corrupto o sumamente ineficiente.

 

En el país desde la promulgación de la ley se han producido revocatorias y la democracia no entró en crisis. Una revocatoria emblemática fue la del alcalde de Ancón, Guillermo Pozo García y sus cinco regidores el 30 de noviembre del 2009.  El Sí obtuvo 8112 y el no 5397.

 

La revocatoria que ha causado mayor impacto en el país es la presentada por el Dr. Marco Tulio Gutiérrez ex regidor de IU del Gobierno Municipal de Alfonso Barrantes y cercano colaborador del ex alcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio.

Frente al inicio del proceso de revocatoria de Susana Villarán y todos los regidores de Fuerza Social (Tierra y Libertad, Lima Para Todos, PC del Perú-Patria Roja y FS) se han expresado los siguientes argumentos:

 

-      Los que protagonizan la revocatoria, afirman que el gobierno de Susana Villarán es absolutamente ineficiente, no ha continuado obras como el Mercado Mayorista de Santa Anita, el túnel que une el Rímac con SJL, el Metropolitano; no tiene éxitos en la seguridad ciudadana y, en el colmo, la única obra se inaugura sin terminar, con una donación de 150 mil soles en arena -de la muy criticada empresa Odebrechet-  equivalentes a 150 mil desayunos, que fueron tragados por un “olón” en menos de veinticuatro horas sin pena ni gloria.

-      El ex alcalde de Lima, Luis Castañeda, ha expresado que él firmará la revocatoria. Mientras tanto sus colaboradores se mantienen en silencio. Alex Kouri está de acuerdo con ella pero que no postularía si se lograra.

-      El PPC sostiene que no está por la revocatoria de las autoridades en ningún caso pues es un mecanismo de la democracia directa promovida por la izquierda irresponsable, que debilita el sistema democrático. Pablo Secada, regidor del PPC ha declarado que no comparte la revocatoria –como todos los de su partido- y ha añadido que la gestión de Susana Villarán es honrada y que no se puede hacer caso a “un par de idiotas” -Álex Kouri y Luis Castañeda- que estarían detrás de Marco Tulio Gutiérrez.  

-      Los periodistas ex acérrimos fujimoristas que trabajaron para el gobierno de Fujimori/Montesinos y que sirvieron profesionalmente a Juan Carlos Hurtado Miller -compitió contra Alberto Andrade en las elecciones municipales de Lima de 1998, en el momento de  mayor ilegalidad de Fujimori- que apoyaron y promovieron junto a Jaime Bayly un audio producto de una interceptación telefónica criminal del teléfono de Lourdes Flores, sostienen que la revocatoria de Susana Villarán es un complot de la ultra derecha y, ellos, sacrosantos, la condenan.

-      Susana Villarán afirma que no le preocupa ni le quita el sueño la revocatoria como no le quitaba el sueño, según sus declaraciones, cuando la desaprobación a su gestión crecía hasta llegar al 80 %.

-      La izquierda tradicional que siempre estuvo a favor de la revocatoria, afirma ahora que se trata de un complot de la derecha.

-      Los diarios que se identifican con posiciones conservadoras, consideran la revocatoria una jornada cívica.

 

La realidad es que la revocatoria a Susana Villarán y a los regidores de FS, se produce porque hay una enorme desaprobación y desilusión/desazón de los ciudadanos frente a su incompetente gestión. Considerar que la revocatoria es resultado de un complot de la derecha sin reconocer los graves errores del gobierno municipal de Lima es una muestra de  una soberbia colosal.

 

Sin embargo, con el inicio del proceso de revocatoria no terminan los problemas. Se debería buscar una rectificación profunda del gobierno municipal de Susana Villarán que ha gastado muy mal el dinero municipal. Ha trabajado mucho pero priorizando obras, servicios y gestos políticos sin importarle ni la percepción, necesidades  ni los intereses de los electores. Se ha actuado con una autosuficiencia que los vecinos desaprueban.  ¿En qué momento se dejó de escuchar a los vecinos y a asesores y colaboradores que conocen lo complejo que es gobernar Lima?

La prioridad en el gobierno municipal de Lima debería ser la mayoría pobre. Sin embargo, se ha utilizado, por ejemplo, una colosal mentira  -una pretendida “privatización” de las playas- para justificar la inversión de 240 millones de soles en la Costa Verde –incluida La Herradura: más de 12 millones de soles- cuando esos recursos correctamente invertidos le cambiarían la vida a millones de personas en las Limas emergentes. Mientras los vecinos sufren diariamente la falta de pistas, veredas, muros de contención, escaleras, infraestructura, mobiliario urbano, parques, ornato, etc., etc., se declara que no se va a “sembrar cemento” … y, curiosamente, se siembra cemento y se expresa gran preocupación en la gran prioridad de Susana Villarán  y Augusto Ortiz de Zevallos: la Costa Verde y las olas de los surfistas que hay que proteger. Se invierte pues en playas que los pobres usan, cuando usan, cuatro meses del año.  Por decisiones y actitudes como esas, los vecinos se sienten defraudados.

 

Existen las siguientes posibilidades frente al Gobierno Municipal de Susana Villarán para los actores políticos en el Concejo de Lima: Apoyar la revocatoria; no apoyarla y continuar con una estricta labor de oposición; rechazar la revocatoria y llegar a un acuerdo político a fin de realizar cambios profundos en la gestión.

 

Realizar cambios profundos en la gestión implica la posibilidad de llegar a un acuerdo entre los dos actores políticos principales, FS y el PPC, que si asumieran la actitud democrática de Alfonso Barrantes en la alcaldía de Lima (1983-1985) podrían ponerse de acuerdo para concertar un Gobierno de Salvación de Lima, en el que podrían compartir, como se hiciera en aquella época, gerencias de línea, un programa concreto y acuerdos en la distribución democrática de las Comisiones de Regidores en el Concejo Provincial.  Hoy FS gobierna en alianza con SP que tiene un solo voto en el Concejo y tres alcaldías distritales (la de La Molina es de un militante de SN que postuló con SP como vientre de alquiler).

 

Un acuerdo por Lima implicaría fortalecer una gestión por resultados, se ganaría en gobernabilidad y gobernanza; se superaría la ridícula, anacrónica, simplista e infantil escisión entre “derecha” e “izquierda” en la que la primera es cavernaria, retrógrada, inmoral y antidemocrática y la segunda es impecable, progresista, honrada y honesta. Una dicotomía que no se condice con la experiencia internacional y nacional.

 

Un acuerdo entre FS y PPC por la salvación de Lima sería expresión de madurez política. Es el momento de actuar responsablemente frente a Lima y el país. Eso requiere superar divisiones atávicas, infantilismos de “izquierda” y “derecha”; desprendimiento y una conducta innovadora/modernizadora de la política. Abandonando clichés, infantilismos, caricaturizaciones mutuas, simplismo y soberbia el Perú y Lima avanzarían. Los peruanos merecemos una nueva forma de hacer política. 

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