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Columnas de Opinión : Oswaldo Carpio
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martes, 31 de enero de 2012
Veintisiete seres humanos muertos en San Juan de Lurigancho
Dios y drogas en Cristo es Amor
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La pugna entre la vida y la muerte es y será eterna. Nacemos y mientras vivimos empezamos, también, a morir. Pero la muerte, momento en el que acaban nuestras vidas, no tiene porque ser brutal, trágica, injustificada y sin sentido.
 
La disputa entre Eros y Tánatos que marca nuestra existencia no tiene por qué estar en manos de Ker, diosa de la muerte violenta. Pero en el Perú es así. Siete muertos diarios por accidentes de tránsito que ahora a nadie llaman la atención, arroja un promedio de 2555 muertos al año. Cifra brutal, igual o superior a la que produjo el terrorismo de SL y el MRTA cuando le declaró la guerra a los peruanos.
 
La muerte de 27 peruanos en el informal, caótico e infernal “Cristo es Amor” en la cuadra uno de la Av. Próceres de la Independencia en San Juan de Lurigancho, es una manifestación del poco amor al prójimo, del pobre respeto a la vida humana. Los delincuentes juveniles de las pandillas pueden asesinar a un joven porque se resistió a entregarles sus zapatillas; un extorsionador puede arrojar una bomba a una casa o un asaltante puede disparar y dejar cuadripléjica a una niña y fingir llanto de arrepentimiento para evitar la cadena perpetua. Un barrista es lanzado desde las alturas de las tribunas para terminar su vida con su cuerpo aplastado en el piso de concreto en medio de los aplausos y festejos de la “barra” opuesta. ¿Qué hay en común en todos estos casos? El alcohol y las drogas. La mayor parte de estas muertes son consecuencia de actos irracionales producto del consumo de drogas. La crueldad de la muerte en las pistas y en las calles se ha potenciado con estos elementos adictivos. No por casualidad el Perú es el primer país productor y exportador de cocaína del mundo. Ha crecido la siembra de cocaína y en el VRAE el narco-terrorismo busca hacerse más fuerte. Simultáneamente, los estupefacientes cocaínicos salen a todas las ciudades del país y se convierten en grave amenaza a la sociedad.  Por esto, las familias son, también, cada vez más, víctimas de esta real amenaza.
 
No existen cifras oficiales sobre este tema. Los datos no son precisos pero sobre la base de la información existente, y esforzándose por ofrecer una cifra razonable, el psicólogo Milton Rojas de CEDRO ofrece una cifra: un millón doscientos mil peruanos son adictos al alcohol y diversas drogas en el país. Entre 800 mil a un millón de personas son adictos a las bebidas alcohólicas; a las drogas  cocaínicas  (cocaína,  pasta básica y crack) entre 70 mil a 100 mil adictos. A las anteriores se suma la marihuana con 130 mil adictos y las drogas sintéticas de las que no se tiene información. Una oferta variada que avanza en todo el país. Se puede sostener que el 4 % de los peruanos padece alguna adicción a las drogas señaladas. ¿Puede el Perú unido frenar y derrotar esta amenaza que atenaza a cada vez más personas?
 
Las cifras no llegan a expresar a cabalidad el drama de la adicción. Si esta cifra se extrapolara, se podría afirmar que alrededor de 320 mil vecinos de Lima padecen de algún tipo de adicción a las sustancias y que en San Juan de Lurigancho lugar de la trágica muerte, la cifra está por las 35 mil personas.
 
Todo esto implica un drama para las familias, los barrios, los distritos, las ciudades y el país. Es la muerte lenta diaria. La destrucción de la familia, de la juventud, los estudios, el trabajo. Las drogas degradan a la gente. Generan infelicidad y corroen los hogares. Es, además, el robo pequeño y el robo a gran escala. La destrucción del tejido social, de la moral y de toda posibilidad de comunicación humana porque el adicto a las drogas padece una enfermedad mental, un deterioro del cerebro, que le impide percibir la realidad y, por ende, comunicarse con los demás. La droga atrapa. Peor aún, cuando los niños y jóvenes adictos fueron engendrados por padre consumidores. Ellos no saben qué les sucede, por qué tienen tal trastorno de conducta.  Los familiares en su desesperación buscan recluirlos, los llevan a las comisarías, los encierran y los conducen a “centros” de rehabilitación. La mayoría de los centros de raíz cristiana busca hacer el bien y logran algunos resultados. Pero, otros, informales, sin personas capacitadas ni entrenadas, se mueven en los límites del infierno, pues los métodos de curación son el encierro, las palizas, el aislamiento, el maltrato, la brutalidad. La rehabilitación es clasista. Una persona de clase media-alta y de clase alta es internada en una clínica y su familia puede gastar miles de dólares. Pero, ¿qué sucede en distritos como San Juan de Lurigancho, El Agustino, Ate, Comas, Carabayllo, Puente Piedra y otros? Las cifras dan cuenta, también, de lo que significa ser pobre y de lo que hace el Estado por los pobres. Sólo hay 700 camas en los servicios de salud del Estado para atender a un millón 200 mil potenciales pacientes en todo el país.  ¿Estado? ¿Modernidad? ¿Desarrollo? Crecimiento económico sí, pero ausencia de políticas nacionales  y de un liderazgo consistente que le dé sentido a la política para transformar esas cifras positivas en desarrollo humano integral. Se requiere políticas que fortalezcan las relaciones humanas que tienden a deshumanizarse. Un analista ha comentado que si eso hubiera ocurrido en La Molina, Surco o en San Isidro, otro sería la acción del Estado e, incluso, de los medios de comunicación.
 
El Gobierno Municipal de San Juan de Lurigancho y el ministerio de Salud, Carlos Burgos y Alberto Tejada  -alcalde y ministro- no asumen su responsabilidad. Ambos se exculpan pero los dos son responsables. ¿No es responsable, también, la comunidad, los vecinos? ¿Nadie sabía que allí funcionaba un centro informal de rehabilitación de drogadictos? ¿La PNP no estaba informada de nada? ¿Nadie dio cuenta de lo que sucedía en ese centro?
 
Desde el año pasado hay un Reglamento pendiente de elaboración y aprobación para poner orden en los centros de atención y tratamiento de la adicción. El reglamento no ha sido elaborado. ¿Quién es el responsable? ¿De quién es el desinterés o el interés de que las cosas marchen así? Mientras los políticos pelean por cuotas de poder, votan y se ayudan para encubrir la corrupción, la muerte se apodera de las pistas, de las calles, de los adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Para hacer ese reglamento se necesita ser de “izquierda” o de “derecha”? Atrapados en discusiones estériles, les dan las espaldas a los pueblos del Perú. La muerte de 27 peruanos que ya sufrían la implacable adicción no debe quedar impune, pero tiene que servirnos de lección. Tenemos que aprender de tanta muerte.
 
El país necesita un liderazgo consistente que se imponga la tarea de poner orden en democracia. El país necesita un rearme moral y liderazgos éticos. Las leyes tienen que cumplirse. Los gobiernos municipales y regionales, junto al gobierno central, deben actuar con firmeza en la búsqueda del orden basado en las leyes. No se puede seguir conciliando, negociando y dando plazos a la informalidad. El Estado y el país tienen que formalizarse.  En la informalidad extrema crece el caos en el que no hay vida civilizada.
 
La informalidad y el caos son condiciones para la existencia en las ciudades de “huecos” de venta y consumo de drogas; en el caos, crece la delincuencia, el robo y el hurto; se vende artículos robados y de contrabando. No solo no se pagan impuestos y las calles se convierten en la ley del más fuerte. Es en esas condiciones en donde la ley es débil que “el hombre se convierte en el lobo del hombre”.
 
El Gobierno Nacional tiene que liderar el desarrollo integral. Se están dando los pasos para garantizar el crecimiento económico resultado de décadas de sacrificio y de un manejo técnico y prudente, pero la gran traba es el liderazgo político. La mayoría de congresistas no está a la altura de las circunstancias del país y en los Gobiernos Locales es necesario liderazgos más consistentes. Hay que reformar la política y eso puede comenzar en los gobiernos locales.  El crecimiento económico es la base pero el país tiene que crecer en capital social y humano. Se trata de desarrollo humano integral que incorpore en una perspectiva humanista a los peruanos como protagonistas de la historia. Eso requiere un liderazgo de calidad, de carácter, en el que los alcaldes y presidentes regionales líderes, actúen con rigor y firmeza en el cumplimiento de las leyes.
 
El tema de la producción de drogas y su venta masiva en la sociedad, es un problema de varias aristas: es un asunto de seguridad nacional, de seguridad interna, de seguridad ciudadana y es, también, un problema de salud mental. En todos ellos debe intervenir el Poder Judicial y el Ministerio Público, además de la Defensoría del Pueblo. Todos tienen que actuar con decisión. En este tema no se puede perder el tiempo porque, ¿podemos crecer económicamente mientras simultáneamente más de un millón doscientos mil peruanos y sus familias viven atrapados en el alcoholismo y las drogas?
 
Desde el lado de una política integral de seguridad ciudadana que cuente con políticas preventivas, es preciso actuar, en primer lugar, en la familia. La tugurización, el hacinamiento y la violencia intrafamiliar de hogares en diversos grados de disfuncionalidad, contribuyen a formar adolescentes y jóvenes vulnerables al consumo de drogas. La primera línea de acción preventiva de las municipalidades tiene que consistir en actuar en apoyo de la familia, en alianza con las iglesias de las distintas confesiones religiosas. La familia es el centro de la sociedad. Los líderes políticos tienen que demostrar tanto en el discurso como con el ejemplo, que les interesa la familia, que la fortalecen, que reconocen a sus hijos, que no se burlan de la pareja ni la humillan públicamente. Se requiere un liderazgo que entienda que la acción política es una acción moral.
 
El segundo nivel de acción preventiva es el barrio. Se necesita actuar en la creación de espacios para la cultura, el deporte -como competencia limpia-; la recreación y las distintas actividades que permitan sacar a los adolescentes y jóvenes de la oferta de las drogas. De otro lado, la política de Barrio Seguro, con participación de los líderes vecinales y de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana que informen en dónde se vende alcohol a menores de edad y en donde se comercializa drogas. Esta labor preventiva requiere amplia participación ciudadana y acción policial y del Serenazgo. Pero, asimismo, el Barrio Seguro requiere inversiones muchas veces no costosas: iluminación, recuperación de calles, limpieza, ornato,  retiro de los comerciantes informales de la vía pública. Es preciso guiarse por la teoría de la ventana rota: a mayor deterioro del espacio urbano mejores condiciones para las actividades ilegales y las drogas. Los alcaldes y los vecinos saben quién es quién en el barrio pero se requiere que la PNP y el Serenazgo conjuntamente con el Ministerio Público y el Poder Judicial actúen.
 
El tercer nivel de acción preventiva es el centro educativo que requiere una acción con los padres de familia, los profesores y los alumnos. Existe una práctica ya establecida en el ingreso y salida de los estudiantes. Pero esa es la actividad externa. Dentro del Centro Educativo deben actuar todos con políticas, programas, talleres y actividades que fortalezcan la autoestima, la identidad y fortalezcan el carácter de los alumnos con personal especializado. La educación requiere un nuevo impulso de todos.
 
El cuarto nivel preventivo requiere el liderazgo de la PNP que constitucional y legalmente es la responsable de la seguridad ciudadana. El Serenazgo apoya, contribuye, desarrollo actividades preventivas pero no es responsable de la seguridad ciudadana que es una labor especializada a la que el ministerio del Interior y la PNP no pueden renunciar. Se requiere planes concertados y prácticos e inversión. Hay 200 millones de soles por invertir.  No debe continuarse con esta ambivalencia  que omite que la PNP es la responsable de la seguridad ciudadana y que oculta que se está avanzando pero poco,  tal como se refleja en las encuestas que informan lo que los ciudadanos sienten: la sensación de inseguridad sigue creciendo.
 
La política nacional tiene que ser firme en la acción contra el narcotráfico que es el peor enemigo para la familia, los jóvenes y la seguridad. Se requiere la erradicación, el control de insumos químicos, la persecución del lavado de activos. Pero se requiere, también, la lucha diaria y firme contra la micro-comercialización. Los vecinos saben en dónde se comercializa drogas y en los planes de seguridad ciudadana están señalados los “puntos críticos”, los llamados “huecos”. Sin embargo, la acción policial, la labor de la Fiscalía y el Poder Judicial no es efectiva. ¿Por qué no se logran resultados? ¿Van a eximirse mutuamente de sus responsabilidades?

Los alcaldes tienen cada vez mayor experiencia en las tareas del gobierno local y están trabajando por la modernización democrática de sus distritos. Pero, es una labor que requiere liderazgo basado en la ley. Los alcaldes encarnan el orden democrático. La democracia tiene que ser fuerte en el cumplimiento de las leyes. Todos tenemos que asumir la responsabilidad del desarrollo integral en una situación interna favorable pero en un contexto internacional desfavorable. Defendamos la familia y la sociedad.  El Perú requiere un pacto contra las drogas.  El desarrollo integral requiere líderes en los diversos niveles de la sociedad y del Estado. Con un liderazgo de carácter es posible que sigamos avanzando como sociedad.

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