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Columnas de Opinión : Oswaldo Carpio
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miércoles, 21 de marzo de 2012
Inseguridad amenaza al desarrollo económico y a la estabilidad política
¿Declarar en emergencia la seguridad ciudadana?
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"El fuerte deterioro en la seguridad pone en peligro la sostenibilidad de lo que hemos construido en la Región" ha señalado Luis Moreno, presidente del BID, en la Asamblea Anual de la entidad financiera realizada en Montevideo el 19 de marzo. Afirma que lo paradójico es que en el período en que impera la democracia y los índices de desarrollo han ido al alza, la inseguridad se ha convertido en el problema número uno de Latinoamérica hasta convertirse en una amenaza al desarrollo económico y a la estabilidad política. Moreno sostiene que en AL y el Caribe unas 350 personas son asesinadas, en promedio, cada día, y que la región registra el 28 por ciento de todos los homicidios del planeta, a pesar de que representa apenas 8 por ciento de su población total.

Desde el 2007, la inseguridad ocupa el primer puesto en la preocupación de la mayoría de los latinoamericanos, por encima del desempleo según el Latinobarómetro. El costo económico es sumamente alto: sus efectos sobre el turismo o la productividad puede llegar a reducir en un 7 % el PIB. Frente a todo ello el BID ha propuesto la creación de un fondo flexible para la lucha contra la violencia a través de la información, la gestión integral y la cooperación regional, recalcando que no existe un modelo único para derrotar la inseguridad.
 
El BID ha informado que en los últimos 15 años ha financiado doce programas y múltiples cooperaciones técnicas en esas áreas y que está preparando nuevas operaciones en seguridad ciudadana por un valor potencial de US$328 millones. Además ha creado un fondo especial para apoyo técnico y diseño de estrategias de seguridad ciudadana respaldadas en sistemas de gestión, evaluación e información adecuados.
 
El Perú, mientras tanto, vive una nueva ola de violencia. Asesinatos de sicarios, feminicidio, asaltos y robos con muertes violentas, captura de jóvenes sicarios integrantes de las violentísimas Maras ST y creciente violencia de pandillas. Los crímenes han ocupado las primeras planas pero no las protestas de los ciudadanos que, como los de la periferia de Chimbote, se movilizaron el 19 de marzo hacia el Ministerio Público para exigir algo que restablezca el orden en esa ciudad: la prohibición de fiestas callejeras chicha que originan caos, ruidos, suciedad, violencia y muerte. En Bolivia se han difundido imágenes de delincuentes peruanos castigados a latigazos.
 
La preocupación y el malestar de los ciudadanos del país no se han hecho esperar. La MML ha creado el Centro Metropolitano de Formación y Capacitación del Serenazgo, destinado a dar formación a los serenos de Lima en ciclos de tres meses, durante 450 horas.
 
En medio de esta nueva ola de violencia, algunos congresistas han vuelto a insistir en que se declare en emergencia la seguridad ciudadana. Estamos, nuevamente, frente al grave problema de la seguridad ciudadana, asunto crucial que no logra ser enfrentado de manera consistente por el Gobierno Nacional pues el plan estratégico no es consistente y tampoco cuenta con financiamiento y liderazgo. El tema es fundamental en el país que, además, está viviendo la eclosión de políticos anti sistema que empujan a la gente a movilizaciones violentas con tomas de carreteras y acción violenta contra la PNP. En los últimos se ha acentuado el incumplimiento de las leyes y la falta de respeto a la autoridad. Es urgente el liderazgo y la acción con un plan que implique inversiones estratégicas y una formación profesional rigurosa y especializada en de los efectivos policiales.
 
Es necesario volver a subrayar que la seguridad ciudadana es responsabilidad del Gobierno Nacional que cuenta con el ministerio del Interior y la PNP para controlar la violencia y la inseguridad, pues entre los ciudadanos y los propios alcaldes se ha producido una confusión por la cual se ha convertido en un lugar común la idea de que la seguridad ciudadana es responsabilidad de los alcaldes. Sin embargo, la Constitución y las leyes orgánicas expresan claramente cuáles son las competencias y las funciones de la PNP, de los Gobiernos Regionales y de las municipalidades. El Acuerdo Nacional estableció -2002- como sétima política “la erradicación de la violencia y el fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”. En el 2003 se promulga la Ley - Ley N° 27933- del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) y el CONASEC como su máximo organismo que el presidente Ollanta Humala decidió liderar en su juramentación a la presidencia.
 
Las nuevas leyes, ante el protagonismo de los alcaldes, la creación del Serenazgo en las ciudades y de las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, establecieron nuevas relaciones entre la PNP y las Municipalidades, pero jamás le cedieron a las segundas la responsabilidad sobre este tema que para el BID es crucial.
 
Debe quedar claro que la labor de las Municipalidades según las leyes es la prevención por la cual desarrollan políticas, ejecutan inversiones y despliegan acciones preventivas. Pero su labor es de colaboración con la PNP. La responsabilidad es de la PNP. Los Serenos no cuentan con armas de fuego. Pueden detener y entregar a la PNP a los delincuentes pero las municipalidades no tienen cárceles, ni están preparados para actuar contra la delincuencia cada vez más avezada y, por ende, peligrosa. Los planes operativos cada vez más complejos son obra de la PNP. Los serenos no están en condiciones de elaborarlos ni de aplicarlos.
 
La PNP es responsable como señala la ley de la seguridad ciudadana, el orden público y el orden interno. No hay, por lo tanto, que seguir en la confusión de competencias y funciones.
 
Los candidatos a las alcaldías en el afán de ganar votos asumieron la responsabilidad de la seguridad ciudadana, distorsionando la percepción de los ciudadanos, colocándose, además, un enorme peso sobre sus espaldas, que no están en capacidad de resolver. Las campañas electorales demagógicas y la presión ciudadana han conducido a los alcaldes a radicalizar sus metas, generando aún mayor confusión entre los ciudadanos, que exigen a los serenos que actúen como policías. La realidad, sin embargo, es otra. Por ejemplo, las municipalidades para que se realice el patrullaje integrado entre Serenos y la PNP tiene que pagarle a cada policía 72 soles, pues los que integran estas patrullas están en su día de franco y si no se les paga no hay patrullaje integrado. De esta forma, las municipalidades que no tienen recursos, no pueden contar con la PNP para el patrullaje que sólo con Serenos cumple una función mediatizada ya que los delincuentes e incluso los ciudadanos respetan cada vez menos a las autoridades en general y, en particular, a la PNP y de los Serenos. Las pandillas, cuando actúan en gran número, rodean los vehículos del Serenazgo y los atacan violentamente. Por ello, éstos se retiran ante una correlación de fuerzas desigual. Los serenos no cuentan ni con las leyes ni con las armas. Eso lo saben los ciudadanos, los delincuentes y los pandilleros. No nos engañemos.
 
El Gobierno Nacional tiene que asumir su responsabilidad frente a la inseguridad ciudadana y no “soplarle la pluma” a las municipalidades que deben, asimismo, actuar en políticas preventivas, no intentando sustituir ni reemplazar a la PNP en las competencias y funciones que por ley debe cumplir a cabalidad. Cada entidad debe asumir sus responsabilidades: los alcaldes las tareas preventivas tanto en la familia, la comunidad, el barrio, los centros educativos y las obras que detengan el deterioro de los barrios, mejoren la iluminación, recuperen los espacios públicos, apoyen a los Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana e inviertan en infraestructura como cámaras de vídeo, patrullaje de serenos, puntos de vigilancia, entre otras tareas preventivas. Es responsabilidad del Gobierno Nacional que la PNP cuente con los recursos económicos, el equipamiento, la infraestructura, los vehículos y el personal altamente capacitado. Ellos están preparados para elaborar y aplicar los planes estratégicos cada vez más complejos pero, sobre todo, actuar con el peso que la ley les otorga en la acción preventiva directa contra la delincuencia.
 
El Estado moderno cumplir tres funciones fundamentales: Seguridad, Defensa Nacional y Justicia. Para la seguridad se requiere una Policía Nacional cada vez más especializada, tecnificada, educada y competente. El Gobierno tiene que asumir esa tarea sin la cual, tal como ha expresado el BID se pone en peligro el desarrollo económico y la estabilidad política. Los ciudadanos no pueden esperar. Cada cual debe realizar su trabajo. El Gobierno Nacional y la PNP no pueden evadir su responsabilidad y los alcaldes deben actuar en sus competencias y funciones. Liderazgo y acción. Menos palabras, más recursos y más trabajo especializado. La lucha por la seguridad ciudadana requiere una labor centralizada y especializada para las labores de inteligencia, información, comunicación y acción. Recuperar la moral y la capacidad de acción es tarea inmediata que requiere gente especializada para derrotar el enorme obstáculo que amenaza el desarrollo y genera zozobra e inestabilidad política.
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