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Columnas de Opinión : Oswaldo Carpio
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viernes, 15 de junio de 2012
Radicalismo anti minero, contamina el medio ambiente político y desgasta al gobierno de Ollanta Humala
El gobierno no ha tenido, hasta el momento, por su debilidad, la capacidad de informar a los ciudadanos cuál es la estrategia de los anti-mineros, cuáles son sus objetivos y cuál es la agenda oculta.
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El país está viviendo momentos difíciles. Pequeños grupos políticos radicales, apelando a estrategias no democráticas, buscan la desestabilización del gobierno y el fracaso económico del país. Atacan a la minería -la principal actividad económica, que provee fundamentales ingresos- en circunstancias que el mundo vive la mayor y más grave crisis económica y en las que el sistema democrático es amenazado por el terrorismo en el VRAE, en La Convención y en otras regiones del Perú. Mientras tanto, los dirigentes y militantes del MOVADEF y del MIR Dignidad, el brazo político antidemocrático de Sendero Luminoso y del ex MRTA respectivamente,  se suman a las asonadas violentas.
 
Los falsos ecologistas anti-mineros, han hecho con la política, lo que dicen rechazar con el medio ambiente: contaminan el medio ambiente político, las instituciones y a toda la sociedad peruana. Su discurso deletéreo y su práctica violenta son el mayor contaminante de un medio ambiente político y social que debería ser armonioso para que facilite el desarrollo del país.  .
 
La política en un país democrático requiere un medio ambiente social distendido, razonable, amable para el desarrollo de las actividades productivas, económicas, empresariales, educativas, científicas, culturales, educativas y artísticas. El gobierno no ha tenido, hasta el momento, por su debilidad, la capacidad de informar a los ciudadanos cuál es la estrategia de los anti-mineros, cuáles son sus objetivos y cuál es la agenda oculta.
 
La táctica política de los anti-mineros ha sido muy clara: desgastar al gobierno de Ollanta Humala y Óscar Valdés, presidente del Consejo de Ministros, dentro de una estrategia general que pretende convocar a una Asamblea Constituyente surgida de la movilización violenta de los pueblos que elabore una nueva constitución política, acorde con el pensamiento del Partido Comunista del Perú-Patria Roja, que según esa estrategia, deberá constituir un gobierno de “nueva democracia”, que no es otra cosa que la dictadura del partido comunista y sus aliados. En Cajamarca, los grupos radicales usan un terror de baja intensidad para  obligar a los pequeños comerciantes y a los trabajadores a parar, extorsionando y exigiendo cupos, atacando y amenazando a la prensa para que informe como ellos quieren. En esa estrategia, la agitación de mentiras, las huelgas, asonadas, el bloque de carreteras, la violencia contra la policía, el uso de los llamados Frentes de Defensa y las Rondas Campesinas, son los instrumentos adecuados.
 
¿Tienen éxito los anti-mineros? En parte sí por la debilidad del Gobierno de Ollanta Humala, su incapacidad para tomar decisiones rápidas y oportunas  por un lado;  y, por otro, debido a la ausencia de partidos políticos democráticos que logren competir con los pequeños y muy activos grupos anti-sistema en su propio terreno. Una buena parte de la oposición se ha puesto de perfil en circunstancias en las que el gobierno  viene sufriendo una acción ofensiva en Cajamarca, en algunas provincias de Piura, Arequipa y en algunas otras regiones  y mientras el país viene sufriendo ataques despiadados de los terroristas en el VRAE y en La Convención.
 
El paro de 48 horas del SUTEP ha tenido una clara motivación y un objetivo político: apoyar a Gregorio Santos en Cajamarca, encabalgar las acciones violentas contra el gobierno y acentuar su desgaste. La estrategia de los partidos radicales ha tenido éxito en el desgaste de la imagen del presidente y su gabinete, no así en la ampliación del campo de batalla ya que la mayoría de los presidentes regionales del país ha rechazado la violencia. El gobierno, sin embargo, ha tenido éxito al lograr un acuerdo que ha derrotado a los radicales en su intento de que Andahuaylas se convierta en otro foco de tensión.
 
En la provincia de Espinar, un alcalde que el año 2011 contó con 300 millones de soles de ingresos anuales para una población que no supera los 68 mil habitantes, ha logrado victimizarse, pese a su colosal ineficiencia y su ambigua prédica radical. Pongamos un ejemplo: el distrito de Ate, en Lima, tiene 500 mil habitantes y debe realizar obras con un ingreso anual de 99 millones de soles. ¿Por qué exige más dinero el alcalde de Espinar? ¿Por qué no usa eficientemente los recursos? ¿Por qué tuvo que devolver  al erario público más de 68 millones de soles por no haberlos invertido?  ¿Por qué usa un doble discurso? ¿Quién manda en Espinar el Gobierno Municipal Provincial o el Frente de Defensa?
 
El Gobierno del presidente Ollanta Humala ha ratificado que pretende persistir en una vía moderna del desarrollo del país que permita la inversión nacional y extranjera que provea los ingresos ingresos necesarios al país que financien las políticas y los programas de inclusión social. Sin embargo, el Gobierno muestra una gran debilidad en la ejecución de una estrategia que permita poner orden de acuerdo a ley. El país exige orden. El caos solo genera más caos y, en ese medio, solo crecen los más agresivos y violentos. La violencia política, verbal y en las calles, enturbia el medio ambiente político, bloqueando el diálogo razonable. El Perú pierde en la anarquía. El diálogo democrático constructivo es posible sólo cuando se respetan la  Constitución y leyes.
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