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lunes, 25 de junio de 2012
¿Ha habido golpe de Estado contra Lugo en Paraguay?
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Durante el fin de semana, políticos interesados y/o temerosos, han condenado la destitución de Fernando Lugo, ex presidente de Paraguay, por un supuesto golpe de Estado. Las primeras planas de algunos medios no se hicieron esperar y los presidentes Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Cristina Kirchner han expresado su condena y han llamado a fortalecer la democracia. Incluso el presidente Ollanta Humala a través de su Canciller Rafael Roncagliolo ha convocado a una reunión de urgencia de UNASUR -Unión de Naciones Sudamericanas, constituida el 2008, con vida jurídica desde el 11 de marzo del 2012. Agrupa a 12 países que suman aproximadamente 400 millones de habitantes- en Lima a mitad de semana.
¿Ha habido golpe de Estado en Paraguay? La Constitución Política de Paraguay, aprobada el 20 de junio de 1992 (reemplaza a la de 1967) señala en la Sección VI, Del Juicio Político, Artículo 225, que “el Presidente de la República, el Vicepresidente, los ministros del Poder Ejecutivo, los ministros de la Corte Suprema de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Subcontralor y los integrantes del Tribunal Superior de Justicia Electoral, sólo podrán ser sometidos a juicio político por mal desempeño de sus funciones, por delitos cometidos en el ejercicio de sus cargos o por delitos comunes”. Añade que “la acusación será formulada por la Cámara de Diputados, por mayoría de dos tercios. Corresponderá a la Cámara de Senadores, por mayoría absoluta de dos tercios, juzgar en juicio público a los acusados por la Cámara de Diputados y, en caso, declararlos culpables, al sólo efecto de separarlos de sus cargos, en los casos de supuesta comisión de delitos, se pasarán los antecedentes a la justicia ordinaria”.
 
¿De qué se le acusó a Fernando Lugo? La acusación no se produce por las frecuentes escándolos resultado de las denuncias de haber procreado durante su función de obispo de la Iglesia Católica varios hijos -incluso con una mujer casada-. Tampoco se le acusa, vagamente, de ser un mal gobernante. La imputación es por la muerte de seis policías y once campesinos (los llamados “sin tierras”) en un desalojo producido el 15 de junio en la hacienda del político y empresario del partido “Colorado” Blas Riquelme en la localidad de Curuguaty. Por ese hecho renunciaron el ministro del Interior y el jefe de la policía.  La denuncia, entonces, es por un hecho específico, tal como señala la Constitución política de 1992. Nadie en Paraguay ha expresado que el procedimiento es inconstitucional o ilegal. Menos que se trata de un golpe de Estado.
 
Debe quedar claro, entonces, que el procedimiento por el cual la Cámara de Diputados acusa a Fernando Lugo, con más de dos tercios de los votos y luego, la destitución por la Cámara de Senadores, con, igualmente, más de dos tercios de los votos, es absolutamente legal y constitucional. No hay, por donde se le mire, infracción a la Constitución paraguaya ni a las leyes. En este caso, la Cámara de Diputados admitió la acusación constitucional con 76 votos de los diputados, uno voto en contra -hubo tres ausentes-.  La Cámara de Senadores ratificó la decisión por 39 votos a favor y 4 en contra.  El procedimiento fue muy rápido pero Fernando Lugo lo aceptó al declarar:”Este presidente anuncia que no va a renunciar al cargo y que se somete con absoluta obediencia a la Constitución y las leyes a enfrentar el juicio político con todas sus consecuencias”. Lugo, entonces, acepta el procedimiento y el reto, pensando, seguramente, convencer a los Senadores paraguayos. Luego de ser sancionado y destituido del cargo, admite su derrota política. Sin embargo, luego de las protestas de UNASUR, Lugo, llama a la “protesta pacífica”.  Es evidente, que en seguida de la declaración de la entidad supranacional, intenta victimizarse con el fin de aparecer ante la opinión pública de su país y del mundo, como mártir de la democracia por un golpe de Estado.
 
Fernando Lugo, llegó al poder con gigantescas expectativas del pueblo paraguayo luego de 61 años del Partido Colorado en el poder.  Gana las elecciones en setiembre del 2007, cuando las organizaciones sociales y políticas del Paraguay forman la Concertación Nacional y constituyen la Alianza Patriótica para el Cambio (APC). El Partido Radical Liberal Auténtico (PLRA), la principal fuerza de oposición paraguaya, respalda la candidatura de de Lugo con el compromiso aceptado por el ex Obispo católico de que este partido lo acompañe en la vicepresidencia. Es elegido Federico Franco, líder del partido Liberal, para ese cargo. A esta alianza se suman más de 33 partidos, entre ellos el Bloque Social y Popular (BSP), el Partido Comunista, entre tantos otros. Fernando Lugo, gana las elecciones el 20 de abril del 2008 y comienza su gobierno el 15 de agosto de ese año.
 
Federico Franco, ha tomado juramento como nuevo presidente de Paraguay el viernes 22 y el lunes 25  de junio ha formado y juramentado un nuevo gabinete. Franco ha declarado que convocará a elecciones dentro de nueve meses, como manda la ley y que entregará el mando el 15 de agosto del 2013. Su mandado durará poco más de un año y un mes.
 
¿Por qué entonces se ha producido la reacción de los presidentes del ALBA y por qué el presidente Ollanta Humala convoca a una reunión de UNASUR en Lima si la salida de Lugo se ha realizado respetando el procedimiento constitucional? ¿Por qué Hugo Chávez declara que suspende el envío de petróleo venezolano a Paraguay?
 
La reacción de los países del ALBA pareciera ser por miedo. La amenaza de Chávez demuestra que la venta de petróleo a precio especial es por solidaridad con los países sino que se trata, más bien,  de un mecanismo de sujeción económica y política en sus planes expansivos, hegemonistas e intervencionistas en los países de Sudamérica y Centroamérica. En política como en la vida, siempre se pasa la factura sino hay que recordar el famoso relato de Ricardo Palma, “el cañoncito de don Ramón Castilla”. 
 
Uno de los principios de la política internacional es la no intervención en los asuntos internos de otro país. Es claro que cuando hay una violación de las leyes, de los derechos humanos y un atentado contra la democracia los organismos supranacionales tienen el deber de pronunciarse al respeto. Pero, en el caso de Paraguay no ha habido violación de la Constitución, tampoco violencia, supresión de las libertades ni violación de los derechos humanos. La respuesta de los países del bloque del llamado Socialismo del siglo XXI -el neo-comunismo impulsado por Chávez, que esconde tras la palabra socialismo el intento de imponer el programa comunista que oculta pero que impone diariamente en Venezuela- ha sido desproporcionada. La razón: el temor. La incompetencia, el desorden personal en la vida de Lugo y las pocas soluciones a los problemas de Paraguay son el tema de fondo. En política, como en la vida, los errores se pagan. Aplicar la Constitución y las leyes no es golpe de Estado.
 
Paraguay  -6 millones  541 mil  habitantes, 406.752 m2, puesto 96°, índice de pobreza de 48,5%, el más bajo de América Latina, según el Índice de Desarrollo Humano (PNUD) del 2011-, forma parte del bloque de países de desarrollo medio, debajo de la mayoría de países de América del Sur y del Caribe. Perú en el Informe del PNUD (2011) se ubicaba inmediatamente antes de Paraguay, pese a tener un desarrollo medio-alto. La razón: la enorme pobreza rural, la brecha de la desigualdad interna y las extremas carencias en salud, educación y daño ambiental. El crecimiento económico con desigualdad social, retrotrae al Perú y por eso pierde 23,2 %, obtenido por las cifras globales-.
 
Federico Franco, luego de juramentar ha realizado algunos cambios en el nuevo gabinete ministerial, ha ratificado a dos ministros de Lugo pero no ha nombrado aún al ministro de Hacienda. Mientras tanto, en una muestra de aceptación de su destitución ha declarado que “con los ministros -los destituidos- queremos convertirnos en fiscales, observadores y monitorear todo lo que van a hacer los nuevos ministros".
 
América Latina requiere democracias consistentes y eso es posible con gobiernos exitosos que resuelvan los problemas de los países. Sin buenos gobiernos habrá conflictos e inestabilidad. Mientras los gobiernos sean inconsistentes, improvisados y no se avance en el desarrollo económico y social, la disminución progresiva de las desigualdades, países como Paraguay, Perú, Bolivia, Ecuador, Venezuela entre otros, padecerán inestabilidad y fuertes conflictos sociales y políticos.  El populismo y la improvisación están condenados al fracaso. De nada valen las buenas intenciones si no ha sustento técnico. Se requiere partidos democráticos, con programas y líderes modernos que promuevan la  inversión privada y pública, que fortalezcan el espíritu emprendedor, respeten las reglas de juego, fortalezcan el Estado, abran los mercados, aprueben políticas sociales universales y programas que, en lucha contra el tiempo, apoyen la generación de riqueza y su justa distribución, inviertan en educación, salud, nutrición, infraestructura, seguridad ciudadana e inicien un proceso de reforma y modernización del Estado y de la sociedad, que convierta a los “pobladores” en ciudadanos y a los países pobres en países desarrollados.
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