La prohibición de la reelección inmediata del presidente de la república se consagró el 5 de noviembre del 2000, modificándose el Artículo 112º que permitía una segunda elección consecutiva. El texto aprobado y vigente en la Constitución señala: “Artículo 112º.- El mandato presidencial es de cinco años, no hay reelección inmediata. Transcurrido otro período constitucional, como mínimo, el ex presidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones”.
El jueves 23 de octubre el Congreso de la República en una primera votación -por tratarse de una reforma constitucional se requiere de una segunda votación en una nueva legislatura- se aprobó con 97 votos a favor y 10 abstenciones la modificación del Artículo 191º de la Constitución que señala: “El Presidente -Regional- es elegido conjuntamente con un vicepresidente, por sufragio directo por un período de cuatro (4) años, y puede ser reelegido”. El nuevo texto ratifica las primeas líneas pero sustituye la parte final: “… y no puede ser reelegido para un periodo inmediato siguiente”.
Académicos, analistas y comentaristas han señalado que esta modificación constitucional no resuelve nada, que el cambio no tiene sentido pues el que tiene la intención de robar lo hará: y con mayor razón ahora, desde el primer día de gobierno. Argumento falaz, porque si fuera así debería permitirse la reelección presidencial inmediata y la de todos los cargos elegibles por votación ciudadana pues el que quiere robar lo hará de todas maneras. ¿Por qué no promueven la modificación de la Constitución que impide la reelección inmediata? Ese mismo poder del presidente de la república lo tienen los presidentes regionales que han tejido enormes redes de corrupción. Más de lo que imaginan los comentaristas.
Se argumenta, también, que las estadísticas sobre reelección de autoridades regionales indican que sólo un quinto de los que intentan la reelección lo consiguen y que, por ende, un Congreso de “ingenuos” pierde el tiempo al creer que con la eliminación de la reelección inmediata de los presidentes regionales se acabará la corrupción. Agregan, además, que se trata de medida populista.
Examinemos los argumentos.
¿Prohibir la reelección de los presidentes regionales va a resolver el problema de la corrupción en los Gobiernos Regionales? No, de la misma forma que la no reelección inmediata del Presidente de la República no resuelve el problema de la corrupción en el Gobierno Nacional, sus ministros y funcionarios. Sin embargo, sí genera una barrera y dificulta que la corrupción eche raíces y use el enorme poder político, económico, logístico, institucional, etc., para intentar perpetuarse en el poder indefinidamente a fin de continuar saqueando y, simultáneamente, ocultando sus fechorías.
Se afirma, también, que el Congreso ha debido comenzar por temas más profundos y realizar una verdadera reforma del Estado. Esa afirmación es falaz porque nos pone frente a una realidad política y un Congreso ideal. Las reformas constitucionales y el cambio de las leyes de desarrollo constitucional requieren amplios consensos por el tipo de votación. ¿Se pueden realizar hoy reformas constitucionales y legales con la actual correlación de fuerzas y una dispersión, corrupción, fraccionamiento e incompetencia del Congreso de la República? Sin embargo, en este asunto sí ha habido acuerdo y sobre lo que ha sido posible se pronuncian en contra. Es verdad que no es el tema de fondo de la política peruana. Pero es un punto a favor de la democracia y un obstáculo para los corruptos.
Se ha señalado, también, que el problema de la corrupción es consecuencia de la falta de control. Es verdad, se requiere un mayor control sobre los Gobiernos Regionales, los gobiernos locales y sobre toda la estructura del Estado. Pero eso no ocurre hoy. La Contraloría no controla más de un tercio del presupuesto del Estado y, por otro lado, los Consejeros Regionales y otras entidades como la Fiscalía, el Poder Judicial, etc., no cumplen el rol fiscalizador. Las Procuradurías no tienen recursos o no se los dan y se baten por la entereza de los procuradores que enfrentan todo tipo de amenazas y carencias. Se trata, entonces, de controles precarios que hay que fortalecer. ¿Se está haciendo?
En diciembre de este año se debe aprobar el Presupuesto General de la República del 2015. Allí se debería considerar el aumento del presupuesto de la Contraloría General de la República para que los contralores no dependan de las autoridades regionales y locales y no pacten con ellas. Asimismo, se requiere que los Consejeros Regionales ejerzan una verdadera función de control y fiscalización, lo que requiere una verdadera separación de poderes en el ámbito regional; que no ocurra como hoy que los opositores pactan con el gobierno regional y se suman al desgobierno a cambio de prebendas y negociados.
Se ha afirmado, asimismo, que cuatro años son insuficientes para promover cambios en una Región y que por ello impedir la reelección debilita la democracia y la hace ineficiente. Falso. Un equipo de Gobierno que sabe lo que tiene que hacer puede realizar cambios profundos si ingresa con esa convicción y si requiere más tiempo debe preparar a los cuadros políticos que lo van a sustituir. Eso es lo democrático. La modificación al artículo 191º no impide la posibilidad de postular para un nuevo período no inmediato de gobierno. Si existe la ambición de realizar cambios profundos hay que fortalecer los partidos y a los cuadros políticos. Nadie puede ser irremplazable. Hoy se fomenta el caudillismo y los cacicazgos.
¿Cuáles son las ventajas de la no reelección inmediata? En primer lugar, se obstaculiza la construcción de un poder corrupto y corruptor, carente de control como ha sucedido en Tumbes y Ancash, regiones que son un ejemplo negativo pero no las únicas. La corrupción y la incompetencia es mayoritaria, lamentablemente. En segundo lugar, se fortalece la alternancia en el gobierno, principio democrático fundamental del sistema democrático. En tercer lugar, se obligará a los partidos a trabajar con verdaderos equipos de Gobierno desde el primer día y a promover nuevos dirigentes para realizar cambios e impulsar proyectos.
¿Existe la no reelección inmediata de las autoridades de los gobiernos subnacionales en otros países? Sí. Uno de los casos es el de Colombia. El ex presidente Álvaro Uribe con el fin de crear las condiciones para su propia reelección intentó aprobar la reelección indefinida de autoridades sub-nacionales. El rechazo fue total. En Colombia las autoridades sub-nacionales son elegidas por un período de tres años no pudiendo ir a una elección no inmediata. Esta práctica democrática ha fortalecido la calidad de los Gobiernos Sub-nacionales en ese país y a los partidos al obligarlos a la alternancia, a fortalecer sus cuadros y a trabajar más eficazmente desde el primer día de Gobierno. Es falso, entonces, que la no reelección inmediata debilita la democracia e interrumpe los procesos de cambio.
La no reelección no es la panacea y no resuelve todos los problemas pero es una barrera para impedir casos extremos como el de Ancash y Tumbes, similares en otras regiones del país en las que el poder construido impide la acción de los poderes del Estado. Los comentaristas desconocen cómo es que el caudillismo, el caciquismo y el poder omnímodo de algunos presidente regionales y cómo los ha llevado a actuar con el método de Montesinos: han comprado a la mayoría de la prensa regional y local y controlan en su región a los poderes que los deben controlar. Hemos llegado al nivel de corrupción existente en México.
Es redundante decir que la no reelección inmediata de los presidentes regionales debe ir acompañada de otras reformas políticas. Obvio y sobre eso hay que trabajar. Se tienen que dar nuevos pasos que impidan, por ejemplo, que los candidatos que tienen graves denuncias e investigaciones fiscales por delitos por patrimonio, colusión, asociación ilícita, lavado de activos, tráfico de drogas, etc., puedan postular mientras no tengan sentencia consentida y ejecutoriada. Eso ha permitido que los delincuentes-políticos y los políticos-delincuentes se perpetúan en los gobiernos regionales y locales.
Es curioso que cuando se propone y aprueba un cambio concreto los aficionados y comentaristas de la política se oponen “doctamente” desde la simple opinión.
