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El hipercentralismo, el peso vivo del pasado muerto

En las últimas semanas se ha puesto de manifiesto la tesis de que en la vida de los pueblos, el pasado tiene un enorme peso que atormenta a los que quieren construir una nueva vida, mejor para todos. El hipercentralismo ha sido y es, un peso muerto que cobra protagonismo en los momentos clave. Al comenzar el siglo XX, con el presidente Augusto Leguía, cobró fuerza -como un virus agresivo- el hipercentralismo. “El Perú es Lima, Lima es el Jirón de la Unión, el jirón de la Unión es el Palais Concert” decía con singular inteligencia Abraham Valdelomar. Lo terrible de esa metáfora es que con Leguía las provincias fueron abandonadas y todo se concentró y centralizó en la capital de la República. Los enormes esfuerzos posteriores a la Guerra del Pacífico, por descentralizar el país fueron destruidos en once años. Sesenta años más tarde, se repitió la historia. El hipercentralismo se convirtió en la verdadera política de Estado, pese a las palabras y a una suerte de marketing político perverso que jugaba con los discursos y las imágenes. El “descentralismo” no era más que un tópico para engañar. La descentralización se redujo a una simple desconcentración en la que el poder se instaló en Palacio de Gobierno. Los alcaldes eran tildados de “mazamorra negra”, desprestigiados con el fin de evitar la construcción de nuevos liderazgos y los recursos de la municipalidades reducidos al mínimo. Decretos legislativos como el 776 sirvieron para reducir ingresos y fortalecer el clientelismo. La reforma del Estado, los despidos masivos -en los que se despidió a unos y se contrató a otros- y la disminución del tamaño del Estado -privatizaciones y concesiones amarradas- en las que se favoreció monopolios y todo tipo de granjerías o pillaje de los recursos del Estado. Recuperada la democracia, empezó un lento proceso de democratización que se expresó una débil voluntad descentralista, pues, mientras existe el cálculo político personal-coyuntural, se pierden la perspectiva reformadora, democratizadora y modernizadora. El país se encuentra, nuevamente, ante la posibilidad de avanzar hacia la reforma y modernización del Estado y la sociedad, o estancarse y retroceder, es decir, perder otra oportunidad. En las últimas semanas, haciendo gala de un viejo voluntarismo caudillista, se han tomado determinadas decisiones en el Poder Ejecutivo que son un retroceso real en el proceso de descentralización. Ante la ausencia de una consistente política de Estado que permita avances en la descentralización, se presentan hechos consumados que generan conflictos, que no unen al país y que buscan, el fácil aplauso. Peor aún, se aprueban medidas que generan división entre los alcaldes y sus electores, aprovechando decisiones de pésimos alcaldes que actúan como viejos caciques. Esto es especialmente dañino si somos concientes de la fragmentación del país y los enormes problemas de gobernabilidad existentes. Los alcaldes han señalado, por ejemplo que a través del DS Nº 015-2007-AG se ha recentralizado la potestad de determinar cuáles son las áreas de conservación natural municipal. Se ha vulnerado, sostienen los alcaldes, la LOM que reconoce que esta es una competencia municipal, que por un simple DS es asumida por el ministerio de Agricultura, Igualmente, la decisión de reducir el sueldo de los alcaldes, es resultado de una decisión unilateral. El asesor legal del presidente del Consejo de Ministros, ha expresado que el DS. 025-2007-PCM “no es ilegal”. El tema de fondo en el Perú es cómo se construye la legalidad. La vieja frase “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley” expresa una idea perversa de la legalidad que se aplica en determinadas circunstancias. La clave es cómo se construye un sistema político moderno, lejos de las leyes con “submarinos” o con artículos que se contradicen unos con otros, típico de los letrados pícaros. La democracia es, esencialmente, un procedimiento honesto para tomar decisiones. El caballazo legal no ayuda a construir consensos razonables… y la democracia moderna es, justamente, la construcción de consensos razonables, que permitan crear instituciones fuertes, y en el caso del Perú, sentar bases sólidas para la unidad y el desarrollo del Perú… la simple visión legalista no es la visión de un estadista. ¿Qué sentido tiene aprobar una ley que generará controversias en lugar de generar unidad? El Estado y la sociedad tienen que modernizarse, democratizarse… pero eso requiere procedimientos respetuosos, en los que se dialogue con los líderes locales y regionales, se fortalezcan las instituciones y no se generen enfrentamientos entre los líderes regionales y locales y los ciudadanos. Se está generando una tensión que le hace daño al país. Se gana aplausos momentáneos pero no se construye futuro. En esta semana, los presidentes de las regiones, reunidos en Huanuco, han acordado siete puntos, en los que buscan la derogatoria de la Ley 28968 que modifique la posibilidad de la vacancia presidencia por inasistencias a las sesiones del Consejo Regional; detener la creación de un Consejo Intergubernamental de Descentralización; descentralizar el SNIP; avanzar, realmente, en la descentralización fiscal, en la transferencia de empresas y programas regionales. Asimismo, en la distribución equitativa del canon y en la renegociación y revisión de contratos de concesión que, proponen, se decidan en el futuro con la participación de los Gobiernos Regionales. La reforma y modernización del Estado y de la sociedad requiere derrotar la vieja y perversa cultura política del hipercentralismo. El peso muerto del pasado no debe detener a los que honesta y honradamente, quieren construir una república unitaria y descentralizada, en la que los pueblos autónomamente, construyan su destino.

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